RECIENTEMENTE, un grupo de 23 destacados académicos de la Universidad de Chile, entre ellos varios premios nacionales en sus respectivas disciplinas, hizo pública una carta en la que criticaron con fuerza las tomas, paros y la violencia que afecta a diversos planteles de educación escolar y universitaria -entre ellas, la propia entidad a la que pertenecen aquellos que suscribieron el texto-, derivadas de las movilizaciones estudiantiles que se han desarrollado en el último tiempo.

La declaración de repudio hacia las medidas de presión que ejercen algunos sectores minoritarios y radicalizados para tratar de imponer sus intereses en este ámbito, es un llamado de atención que debe ser recogido por las autoridades políticas, la comunidad estudiantil y la ciudadanía, pues lo formulan precisamente quienes constituyen una de las piezas fundamentales del sistema educacional, como son los profesores. Resulta alentador que en un escenario en el que varias personalidades (entre ellas, algunos alcaldes y rectores) han tendido a legitimar las medidas de fuerza de los estudiantes, surjan voces sensatas que exigen terminar con este tipo de acciones y sancionar a los responsables de las mismas, dado que como señalan en la carta, "violan los principios básicos de nuestra convivencia".

En la misiva, los académicos relevan también aspectos que son evidentes, pero que algunos parecen pasar por alto, como es el hecho de que las tomas y paros vulneran el derecho a la educación que tiene la mayoría de los estudiantes que no adhieren a estas formas de movilización. Para impedir que la educación se siga deteriorando, es primordial que todos los actores involucrados, sin distinción, den una señal clara de que se oponen a las medidas de fuerza y que éstas no serán toleradas. Por su parte, los jóvenes que protestan deben tomar conciencia del daño que están provocando al sistema educacional y deponer definitivamente su inconducente actitud.