Que bajarían los precios de los medicamentos y los consumidores tendrían más opciones para elegir. Esa fue la premisa de las autoridades del gobierno pasado, cuando se exigió a los laboratorios presentar estudios de bioequivalencia o perderían el registro y  saldrían del mercado.

Los productos certificados  como bioequivalentes son los remedios genéricos que demuestran, mediante pruebas científicas y ante el Instituto de Salud Pública (ISP), que tienen la misma seguridad, eficacia y efecto terapéutico que el producto original.

Sin embargo, a tres años de que se comenzaran a pedir estos estudios, con plazos definidos, un análisis del Ministerio de Salud estableció que 16 -de un total de 20- de los fármacos más comprados por el Estado para la red pública, a través de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) han subido sus precios entre 2012 y 2014. La mayor alza se da en el Atenolol, para tratar la hipertensión, que incrementó un 251% su valor en el sistema de compras públicas. Lo mismo ocurre con la aspirina, cuyo precio creció 222% en el período.

El alza en los valores de los fármacos se debería, según Tito Pizarro, jefe de políticas públicas de la cartera, a que los laboratorios realizaron la certificación, mayoritariamente, a los productos de marca y no a los genéricos básicos, lo que dejó en el mercado a los insumos más caros y sacó de éste a los económicos. Ello también derivó en un desabastecimiento en algunos productos.

Pizarro afirmó que para evitar este escenario se enviarán indicaciones al proyecto de Ley de Medicamentos -aprobado en general en el Senado-, para consignar que Cenabast “podrá hacer compras internacionales de genéricos y bioequivalentes a un menor precio si no hay  en el país. No podemos pagar los valores que plantean los privados sólo por la marca”.

El subsecretario de Salud, Jaime Burrows, agrega que los valores han ido al alza porque “hay pocos oferentes”, lo que reafirma la necesidad de una reforma.

Además, se establecerá que las farmacias deberán tener a disposición del público esos remedios, para mantener un mínimo abastecimiento en el retail.

Plazos

El mercado muestra que 840 productos (todos orales) han demostrado ser bioequivalentes. Sin embargo, los decretos emitidos por la administración anterior dejaron como exigencia que 1.259 obtengan la certificación antes de diciembre próximo o, de lo contrario, no podrán comercializarse en el país. Para revertir esto, el ministerio del Salud confirmó ayer que se aplazó en un año el requerimiento a las compañías, es decir, regiría en diciembre de 2016.

La industria ya había informado que la medida era “impracticable”: los análisis poseen un alto valor para las firmas ($ 80 millones, en promedio, por producto y se hacen fuera del país). Por eso, la proporción de remedios bioequivalentes  es bajo en el mercado nacional. Según la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), en Chile se venden 261 millones de unidades de diversos fármacos por año y, de ese grupo, los que poseen la certificación corresponden a 26,6 millones de unidades, es decir, 10,2% del total.

La decisión de postergar los procesos de bioequivalencia había sido planteada en las últimas semanas por el director del ISP, Alex Figueroa, al nivel central de al cartera de Salud. “A la industria le falta tiempo y capacidad instalada para hacer bioequivalencia. Muchos recurren a organismos certificadores en otros países, lo que aumenta la inversión. Esto no se hubiera originado si los plazos dados hubieran sido técnicamente adecuados”, sostuvo Figueroa, quien explicó que, si las fechas se hubieran mantenido, los laboratorios se exponían a sumarios. De hecho, 99 de estos procesos se han abierto contra laboratorios que antes no cumplieron.

Con todo, la industria internacional dice que debe mantenerse el proceso. “Hay que cerrar la brecha de seguridad y calidad de los medicamentos, lo que es responsabilidad del Estado”, dijo Jean- Jacques Duhart, presidente de la Cámara de Innovación Farmacéutica.