2019: El "regreso político" de los militares en Latinoamérica

Durante la plenitud de la república romana surgió una guardia castrense encargada de custodiar la tienda o praetorium del general o praetor de un ejército. Fue el origen de la guardia pretoriana, que a partir de César Augusto asumió la tarea de escoltar y proteger la vida misma del Emperador, comprendida como la fuente de estabilidad de todo el sistema político. El asesinato de Calígula (41 DC) inauguró la primera participación de los pretorianos en un complot, disfunción que se profundizó a partir de la muerte de Marco Aurelio en el 180 DC y que llevó con el tiempo a asociar a dicho cuerpo como sinónimo de intrigas palaciegas.

En América Latina desde la época de las emancipaciones los militares se constituyeron en un factor de poder en los recientes estados. El peso de su potestad estaba asociado a un caudillo que lograba concitar lealtad castrense e imponerse a menudo a los liderazgos civiles. Por medio del uso desembozado de la fuerza, sin apelar a la legitimidad, se instalaron en los siglos XIX y XX experiencias de dictaduras militares. A partir de los golpes en Brasil (1964), Argentina (1966 y 1976), Chile (1973) y Uruguay (1973) apareció un nuevo tipo de dictadura cívico-militar que O'Donnell clasificó (1975) como Estado Burocrático Autoritario, en la cual el viejo "caudillo" fue reemplazado por un cuerpo de generales y almirantes gobernando corporativamente, al tiempo que reprimían toda actividad político partidista y utilizaban la doctrina norteamericana de seguridad nacional como su credo.

A partir de 1978 una nueva ola democratizadora –si usamos el concepto de Huntington- apareció tímidamente en la región latinoamericana, llegando a un total de 19 democracias a principios del siglo XXI (con la única excepción de Cuba). Pero en la medida que nos adentramos en la nueva centuria comenzó una lenta regresión democrática. El caso palmario es sin lugar a dudas el venezolano, en la cual los compañeros de armas de Hugo Chávez y la cúpula castrense ocuparon un papel fundamental desde los albores del chavismo. Aun siendo originalmente una democracia, la voluntad de reformas profundas llevó a que el Teniente Coronel y paracaidista construyera gradualmente su omnímodo poder personal, politizando de paso a  las Fuerzas Armadas que vertebrarían su proyecto. Su sucesor Maduro continúo e incrementó dicha línea durante su tránsito hacia el régimen autoritario de hoy. En la actualidad el Ministro del Poder Popular para la Defensa, general Vladimir Padrino López, y su estado mayor, sostienen al régimen venezolano. La propia oposición se convenció que la única salida era atraer a los militares hacia el golpe legislativo, como sugieren los llamados a desertar durante el episodio de Cúcuta de este año y el fracasado alzamiento del 30 de abril en que los líderes opositores creyeron contar con sectores del generalato. Hoy, cualquier proceso de transición venezolano pasará por la anuencia militar de la cúpula castrense.

Otro caso es el de México, convulso por el Narcotráfico desde el gobierno del panista Felipe Calderón (2006-2012), que "securitizó" la lucha contra las bandas criminales dejando al frente a las Fuerzas Armadas y sin opción ciudadana de una discusión pública acerca de la eficacia de dicha política. Las posteriores administraciones del priísta Enrique Peña Nieto (2012-2018) y del  fundador de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, han confirmado dicho camino, a pesar que este último tuvo que igual liberar recientemente al hijo del Chapo Guzmán para garantizar "la seguridad de los ciudadanos".

Aunque definitivamente es a partir de año pasado que el expediente de la solución militar a los problemas políticos y ciudadanos se ha venido profundizando: desde luego cuartelazos, asonadas militares no predominan como en el pretérito. La preservación de las "formas" democráticas parecen haber sido internalizadas por todos los actores. Aquello es tan evidente que Aníbal Pérez-Liñan refiere a un actual proceso regional de "crisis sin ruptura" en el que ya no observamos a los jefes militares haciéndose del poder, pero en el cual las perturbaciones e inestabilidades continúan experimentándose por medio, por ejemplo, del juicio político a los mandatarios (2009).

En Brasil desde 2013 la efervescencia social y el descrédito de las élites políticas, decantaron en la figura de un militar en retiro y político profesional; Jair Bolsonaro que convenció con un discurso redentor a un alto porcentaje de brasileños que terminaron votándole como su Presidente. Nombró como vicepresidente a otro militar en Retiro, el general Hamilton Mourao y a otros 6 ministros de origen castrense en un Gabinete de 22. Junto con grupos evangélicos, propietarios ruralistas y tecnócratas de Chicago, constituyen la nueva constelación del poder en el gigante sudamericano.

Otro caso fue el de Perú, que se aproximó a la clásica contienda entre poderes del Estado. Montesquieu no pudo prever que el unicameral peruano, ante el inminente cierre del congreso por el Presidente Vizcarra, decidiera nombrar a Mercedes Aráoz como Jefa de Estado. El gesto del congreso no prosperó porque las Fuerzas Armadas peruanas se pusieron al lado de Vizcarra y con ello zanjó la disputa.

Las recientes manifestaciones de protestas masivas en Ecuador, gatilladas por la eliminación de los subsidios al combustible, lograron intimidar al Gobierno al punto de evacuar la sede del Ejecutivo desde Quito a Guayaquil. La maniobra acaeció nuevamente con la garantía de las Fuerzas Armadas que apuntalaron a Lenin Moreno en su momento más crítico y que finalmente entendió que la gobernabilidad de Ecuador pasa, al igual que en el tiempo del coronel Lucio Gutiérrez  (Presidente entre 2002 y 2005), por militares y movimiento indígena.

Y finalmente Chile, que después de evasiones masivas al metro, manifestaciones callejeras, saqueos e incendios afectando el orden público, observó a las Fuerzas Armadas haciéndose cargo de recuperar el control de una situación que en un régimen civil de corte electoral debería descansar en el gobierno legítimamente elegido por medio de políticas públicas eficaces y en conexión con la ciudadanía. Y con ello murió la "excepcionalidad" de Chile en el vecindario. Adicionalmente no cabe duda que toda democracia formal necesita instituciones y procedimientos establecidos; parte de los "arreglos heredados", que toda sociedad democrática recibe y perfecciona. Sin embargo, lo anterior requiere de mejorar la calidad de la democracia para hacerla sustantiva, con gente satisfecha de su participación en la vida nacional y no tratada como paria o ciudadano de segunda categoría. La sedimentación de la frustración social es un polvorín que puede desbaratar el sistema institucionalmente más depurado. No se puede olvidar que la insurrección conocida como el "Caracazo" no sólo concluyó con la muerte de centenares de venezolanos en enfrentamiento con uniformados sacados a la calle en marzo de 1989, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), sino que hirió de muerte al "Punto Fijo". Aunque procedimentalmente era un sistema democrático, coexistía con altos rangos de desigualdad y percepción de exclusión social. Chávez catalizó toda esa furia contra la cúpula gobernante y el sistema, acompañado de su guardia pretoriana, hace ya más de 20 años. Mucho antes la élite política venezolana había abdicado de sus responsabilidades de conducir a su país.