Este 14 de agosto se cumplen 35 años desde que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Fue el sexto país en suscribirla a nivel Latinoamérica y el 23 a nivel mundial. Sin duda, la prioridad que le dio Chile a su ratificación muestra el compromiso del Estado con la niñez y adolescencia.

La Convención es el tratado internacional más ratificado en el mundo, es el primero que incorpora toda la gama de derechos humanos: derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, establece que el Estado y familias deben promover el ejercicio progresivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo su guía o dirección.

En estas más tres décadas, el país ha hecho importantes esfuerzos por avanzar en el cumplimiento de los estándares y principios establecidos por la Convención. Todos los gobiernos, sin excepción, han contribuido en esta tarea. Fruto de lo anterior Chile cuenta desde hace más de dos décadas con la Ley de Filiación, que eliminó las diferentes entre hijo nacidos dentro y fuera del matrimonio, con la reforma constitucional que establece 13 años de escolaridad obligatoria, el fortalecimiento del Programa Nacional de Inmunizaciones, que hoy cuenta con 13 vacunas que previenen del contagio de cerca de 20 enfermedades diferentes, la extensión del postnatal a seis meses, la creación del subsistema Chile Crece Contigo, la Ley de Responsabilidad Penal para adolescentes, leyes que sancionan la violencia en contra de niños y niñas, por mencionar solo algunas.

En estos últimos años se agrega la creación de una nueva institucionalidad de infancia, con la creación de la Subsecretaría de la Niñez y de la Defensoría de la Niñez, los nuevos servicios de protección especializada y de reinserción social, y la aprobación de la Ley de Garantías que crea las Oficinas Locales de Niñas en las comunas, para dar respuestas a las necesidades de niños, niñas y adolescentes desde el territorio en el que habitan, apropiadas a sus realidades.

A pesar de estos importantes avances, aún quedan desafíos importantes, relacionados principalmente con la pobreza y la desigualdad, que afectan de manera más intensa a niños, niñas y adolescentes. Un 10% vive en situación de pobreza por ingresos y un 18% en situación de pobreza multidimensional, en algunas regiones llega al 27% Aunque son un 24% de la población, concentran a un 36 % de las personas que viven en pobreza por ingresos. Los más afectados son niños y niñas pertenecientes en zonas periurbano y rurales, a pueblos indígenas, con discapacidades, y migrantes. Los resultados del Reporte de UNICEF Innocenti 2025, muestra que en Chile disminuyeron los indicadores de satisfacción de los adolescentes con la vida de 72%, en 2018, a 62%, en 2022; hubo un aumento del sobrepeso de 53,8% a 57,9% y un retroceso en los aprendizajes. Otro desafío relevante, son los niveles de violencia en contra de niños y niñas, donde 3 de cada 10 adultos dice que usa métodos violentos como parte la de crianza de sus hijos e hijas y 3 de cada niño, niña y adolescente ha estado expuesto a violencia en su comunidad.

Chile cuenta con una institucionalidad de niñez robusta, construida a lo largo de varias décadas, que muchos países de la región miran como un modelo a seguir. Sin embargo, su implementación muestra diferencias y deficiencias, a veces profundas, vinculadas a las capacidades de cada territorio, otro efecto de la desigualdad.

Este nuevo aniversario de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, es una oportunidad para renovar el compromiso con el cumplimiento derechos de niños, niñas y adolescentes, avanzando sobre lo construido. Desde UNICEF seguiremos apoyando al país y sus instituciones en esta importante tarea. El futuro del país depende de cómo protejamos y garanticemos hoy los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país.

Por Violet Speek-Warnery, Representante de UNICEF.