Las últimas filtraciones de la carpeta investigativa del caso ProCultura permiten entender por qué parlamentarios oficialistas intentan remover al fiscal a cargo, Patricio Cooper. Causa que involucra a una fundación dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín, amigo del Presidente Boric; ONG que a partir del inicio del actual gobierno ha recibido una exorbitante cantidad de fondos públicos.

Los antecedentes recabados por la PDI a través de interceptaciones telefónicas permiten presumir delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y lavado de activos. Pero lo que hasta hace unos días parecía ser una red de fundaciones de papel creadas por dirigentes del Frente Amplio para malversar recursos públicos, tiene ahora una nueva arista: un presunto esquema de financiamiento irregular de campañas políticas, entre las que se encontraría la del propio Presidente Boric.

Por lo que se desprende de las conversaciones transcritas, dineros que ProCultura recibió del Estado habrían sido destinados a pagar deudas contraídas durante la campaña presidencial. Ello se agrega a todo lo ya conocido desde el inicio del caso Fundaciones; antecedentes que apuntan a que estamos en presencia de una generación política que vio su llegada al poder como una enorme oportunidad para disponer de recursos públicos, no solo financiar actividades políticas sino, también, para asegurarse la vida. Una generación, o más bien un grupo de amigos y de cómplices, que deliberadamente buscó la captura del Estado y careció de todos los escrúpulos a la hora de hacerla posible.

Una pregunta obvia: esta descomunal cantidad de recursos públicos desaparecidos ¿dónde está?, ¿a manos de quién fue a parar? Porque, seamos claros, en medio de todas las dudas del caso hay al menos una certeza: el dinero no se evapora, estas decenas de miles de millones fueron apropiados por alguien y utilizados para algo. Los jóvenes idealistas hoy en el poder, aquellos que se hicieron un espacio en política cuestionando la transición, agitando banderas refundacionales, exhibiendo su pretenciosa superioridad moral, terminaron muy rápido siendo igual a lo que siempre criticaron.

No tuvieron tiempo ni para acomodarse cuando ya tenían montado el esquema para llevarse el Estado en carretillas. Sin miramientos han drenado recursos públicos a destajo y usado el aparato público como bolsa de empleos. Pero para ser como los grandes les falta todavía la última prueba: convencer al sistema político de que sus inmoralidades son transversales, que nadie está libre de pecado y que se requiere, por tanto, un acuerdo para echar tierra a todo el asunto. Como la vez anterior, cuando el segundo gobierno de Bachelet impidió que el SII presentara las querellas correspondientes. En rigor, solo cuando sean capaces de hacer cosas de esa envergadura podrán decir que su adolescencia ha terminado, que ya son adultos y tienen claro que no van a cambiar el mundo, pero al menos podrán vivir de la política por muchísimo tiempo.

Por Max Colodro, filósofo y analista político