Históricamente, la seguridad social en salud se ha constituido como un derecho a protección para que todas las personas, especialmente en situaciones de enfermedad, pobreza, accidente o maternidad, tengan acceso a prevención de enfermedades (vacunas, chequeos), atención médica general y especializada, medicamentos esenciales, rehabilitación y apoyo económico en caso de incapacidad o enfermedad prolongada. Sus principios clave son la universalidad (todos deben estar cubiertos, sin importar su condición económica), solidaridad (quienes tienen más, aportan más), equidad (todas las personas deben recibir atención según sus necesidades) integralidad (incluye no solo atención curativa, sino también preventiva, rehabilitación, etc.) y protección financiera (evita que las personas caigan en pobreza por gastos médicos).

En el mundo, destacan Francia, Alemania, Suecia, Japón, Canadá y Reino Unido. Tienen modelos de financiamiento muy diferentes, ya sea basados en impuestos generales, cotizaciones previsionales, seguros privados o combinaciones entre ellos, enfatizando que no hay alguno preferible; pero que una administración eficiente es crucial.

Respecto a Chile, en el Índice ICRS 2022 (Índice compuesto de resultados en salud) ocupa el 2º lugar en América Latina, detrás de Costa Rica, y en el Índice de medicina personalizada (2024), Chile ocupa el 2º lugar en la región, detrás de Uruguay.

A pesar del grave deterioro en el indicador de espera por la atención, estos resultados, así como el reciente manejo de la pandemia confirman que estamos en una posición avanzada en materia de seguridad sanitaria. Sin embargo, urge mejorar algunos aspectos. Primero, la eficiencia. El escándalo de las licencias médicas significa que US$500 millones malgastados podrían constituir un alivio significativo para quienes mueren esperando. Es evidente que hay muchas otras áreas donde hay espacio de mejoría para evitar el derroche.

Otro espacio es el acceso a medicamentos. Un tercio del gasto en salud es financiado regresivamente por las personas y la mitad de ese gasto es en remedios. A pesar de muchos intentos, la captura de la receta por el complejo médico industrial se ha mantenido imbatible. Y esto, aunque hay leyes, como la que obliga a prescribir por el nombre genérico, pudiendo reemplazarse por un bioequivalente de efectividad comprobada.

En relación a la equidad, se debe entender que la esencia de la ley corta fue dar viabilidad a los centros de salud privados que atienden beneficiarios del seguro público. La caída de las Isapres habría sido catastrófica para este subsidio implícito que entregan los beneficiarios de Isapres a Fonasa.

Ahora, aparece una oportunidad para mejorar la seguridad social de los afiliados al sistema público a través de la Modalidad de Cobertura Complementaria. Es deseable que los problemas que puedan plantear las compañías de seguro de salud sean superados, y contemos, en definitiva, con una mejoría sustantiva en el financiamiento de las atenciones.

Por Jaime Mañalich, médico