La discusión sobre la megarreforma terminó concentrada en el impuesto corporativo, cuando el problema más persistente sigue siendo otro, la dificultad del Estado para entregar las certezas que él mismo promete.

El martes, la Cámara de Diputados aprobó el corazón de la reforma. El oficialismo celebró y la oposición anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional. Pero, en un país que necesita recuperar inversión y crecimiento después de más de una década de bajo dinamismo, el debate volvió a girar casi exclusivamente en torno a cuánto pagarán las empresas y no a si el Estado será capaz de cumplir oportunamente su propia parte.

En sectores como la minería, la energía o las telecomunicaciones, los proyectos se evalúan con horizontes de dos o tres décadas. Un inversionista que hoy decide comprometer capital en Chile no sabe qué gobierno habrá en 2035 ni qué mayoría parlamentaria definirá la carga tributaria en 2040. La estabilidad de las reglas del juego es, por tanto, una condición básica para que las decisiones de inversión sean racionales. Reconocerlo no supone adscribir a una determinada ideología, sino asumir las condiciones bajo las cuales se adoptan decisiones de inversión de largo plazo.

Chile, además, ya conoce la invariabilidad tributaria y la aplica precisamente donde más necesita atraer inversión. Las leyes Navarino y Tierra del Fuego contemplan cláusulas de estabilidad formalizadas mediante contratos con el Estado, porque transversalmente se entendió que la certeza fiscal era necesaria para promover actividad económica en territorios extremos y aislados.

El problema es que esa certeza es parcial.

La estabilidad tributaria responde cuánto pagará un proyecto si logra operar. Pero deja abiertas otras preguntas, muchas veces más decisivas: cuánto demorará el Estado en cumplir su propia parte y si, finalmente, el proyecto podrá construirse.

La invariabilidad no puede garantizar que una Resolución de Calificación Ambiental llegue en un plazo razonable. No porque deban eliminarse controles, sino porque las instituciones encargadas de aplicarlos muchas veces carecen de los recursos, la coordinación y las capacidades necesarias para hacerlo bien. Tampoco puede sustituir una consulta indígena que funcione de verdad, resolver la escasez hídrica en las cuencas del norte ni reemplazar estándares ambientales robustos, que no son obstáculos para la inversión, sino condiciones para su viabilidad de largo plazo.

La propia reforma reconoce indirectamente este problema. Concentra mayor autoridad en el SEA, reduce instancias de observación sectorial, acorta plazos y limita algunas vías de impugnación. Son cambios que pueden contribuir a ordenar procedimientos, pero ninguna reforma procedimental será suficiente si las instituciones que deben implementarla no cuentan con capacidades para sostenerlos técnica, administrativa y territorialmente.

Acelerar sin fortalecer esas capacidades no elimina necesariamente el conflicto puede postergarlo. Y un proyecto que no alcanza legitimidad territorial termina judicializado o socialmente cuestionado, con o sin invariabilidad tributaria.

Chile necesita discutir una certeza más amplia la que produce un Estado que hace bien su trabajo; que consulta de verdad porque posee instituciones fuertes para hacerlo; que evalúa con rigor técnico porque cuenta con los recursos necesarios; y que resuelve en plazos razonables porque ha ordenado la coordinación entre sus propios organismos.

Un Estado de esas características protege a las comunidades y entrega certeza a los proyectos al mismo tiempo. No son objetivos contradictorios, sino las dos dimensiones de un mismo mandato institucional.

Mientras no discutamos cómo construir un Estado más robusto (no más grande), la invariabilidad tributaria seguirá siendo un seguro sobre el impuesto corporativo de un proyecto que todavía no sabe cuándo podrá operar. Ni, en algunos casos, si podrá hacerlo.

Por Natalia Piergentili, directora de asuntos públicos de Feedback.