La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe que detectó graves irregularidades en la gestión de las vacunas contra la influenza adquiridas durante 2024, donde se dio cuenta de que se vencieron sin ser distribuidas y permanecieron almacenadas en las bodegas del operador logístico del Ministerio de Salud (Minsal).

Tras la situación, los diputados de la Unión Democráta Independiente (UDI) e integrantes de la Comisión de Salud, Daniel Lilayu y Alejandra Valdebenito, anunciaron que presentarán ante la Cámara de Diputados la creación de una comisión investigadora destinada a esclarecer irregularidades detectadas por el ente fiscalizador.

De acuerdo con los antecedentes conocidos a partir de la investigación especial del organismo contralor, 762.326 dosis de vacunas contra la influenza, adquiridas a Sinovac Biotech y Sanofi Pasteur, tuvieron un costo total de $3.640.544.800 y habrían vencido sin ser utilizadas, mientras que más de 760 mil dosis permanecieron almacenadas en dependencias del operador logístico del Ministerio de Salud.

A ello se suma que la fiscalización detectó 2.906.653 vacunas cuyo destino no pudo ser determinado, además de problemas de trazabilidad y registros de inoculaciones posteriores a la fecha de fallecimiento de personas asociadas a esos registros. La propia Contraloría informó que estas materias serían objeto de una investigación especial.

Estos antecedentes son destacados en la presentación que harán los parlamentarios, donde argumentan que “en tal orden de asuntos, se requiere indagar y revisar, en ejercicio de la función fiscalizadora propia de la Cámara de Diputados, los hallazgos descritos que, en definitiva, dejan de manifiesto una política sanitaria que se implementó con deficiencias relevantes en perjuicio de sectores de la población con mayores niveles de vulnerabilidad”.

El parlamentario Lilayu calificó lo ocurrido como de “la máxima gravedad” y apuntó que “no estamos solamente hablando de los más de $3.600 millones en recursos públicos que terminaron desechándose, sino de miles de vacunas que fueron compradas para proteger a las personas y que nunca llegaron a quienes las necesitaban, todo ello mientras el propio Ministerio de Salud incumplía las metas de vacunación que se había fijado”.

Es dentro de ese contexto que el diputado expresó que quieren que la comisión investigadora llegue “hasta el fondo”. “Cuando está en juego la salud de las personas, no puede haber ninguna explicación pendiente ni responsabilidades que queden sin establecer”, sostuvo.

En esa línea, la diputada Alejandra Valdebenito, quien se suma a la petición de Lilayu, señaló que “no vamos a permitir que el vencimiento de más de 760 mil vacunas quede simplemente como una cifra en un informe sin mayor sanción”.

“Así que el objetivo de esta comisión investigadora es determinar lo que ocurrió durante la administración anterior, establecer todas las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan y, si existen antecedentes que lo ameriten, ponerlos a disposición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) o de cualquier otro organismo competente”, indicó.

La presentación de la comisión se estima que será este martes, y su votación podría quedar para la vuelta de la semana distrital, la cual sería posterior a la celebración del 18 de septiembre. En el texto presentado por los parlamentarios se pide una extensión de 60 días.

Cabe recordar que, para su aprobación, se necesita el quórum de dos quintos de los diputados en ejercicio para su creación en la Sala. Lo que significa que se necesitan 62 votos a favor de los 155 parlamentarios.

Apoyo de integrantes de la comisión de Salud

Por parte de integrantes de la comisión de Salud de la Cámara, distintos integrantes expresaron la necesidad de investigar y aclarar la situación, además de señalar que apoyarían la opción de realizar una comisión investigadora.

El diputado Roberto Arroyo (PDG) indicó que “la Comisión de Salud no puede quedarse indiferente frente a un informe de Contraloría que da cuenta de 762 mil vacunas contra la influenza que vencieron sin ser distribuidas”.

Además, afirmó que lo primero es “exigir explicaciones y antecedentes formales” y añadió que “si las explicaciones no son satisfactorias, si aparecen responsabilidades que no han sido aclaradas o si existen antecedentes que hagan necesario profundizar la investigación, entonces no descarto absolutamente nada: podemos solicitar una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados”.

Por su parte, la diputada Catalina Real (REP.) expresó que “como parlamentarios de la Comisión de Salud, apoyaremos todas las herramientas legales, administrativas y constitucionales que apunten a investigar este desastre de gestión”.

Mientras que su compañera de partido, Macarena Santelices, sostuvo que “desde la Comisión de Salud vamos a respaldar con fuerza cualquier acción fiscalizadora, comisión investigadora o denuncia ante la justicia que sea necesaria. Aquí se deben perseguir las responsabilidades, ya que no podemos tolerar que la desidia estatal nos siga costando millones de pesos en salud”.

La diputada del PDG, Lilian Betancurt, manifestó que “creo que corresponde citar a las autoridades responsables de la campaña de 2024 y exigir que se esclarezca qué falló en la planificación, distribución y control de estas dosis. También necesitamos que el actual Ministerio de Salud informe qué medidas está adoptando para evitar que esto vuelva a ocurrir. La prevención es fundamental, pero cada peso destinado a proteger la salud de los chilenos debe utilizarse con responsabilidad y transparencia”.