Este martes, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) presentó una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables por el eventual delito de fraude de subvenciones.

La situación se enmarca en una investigación que involucra a cinco prestadores de salud por presuntas irregularidades en la emisión de bonos de atención.

Según informó Fonasa, a través de un comunicado, las operaciones habrían generado un perjuicio para la entidad cercano a $8 mil millones.

El lunes Fonasa ya había presentado una denuncia ante el Ministerio Público, al estimar que los hechos investigados podrían constituir delitos “que afectan gravemente el patrimonio del seguro público de salud y, por extensión, los recursos destinados a la atención de sus beneficiarios”, indican en el comunicado.

En ese sentido, precisaron que la presentación de esta querella se produce luego de que la institución “tomara conocimiento de nuevos antecedentes relacionados con la investigación”, los que fueron revelados en un reportaje emitido por Chilevisión.

“Fonasa reitera su compromiso con el uso correcto de los recursos del seguro público de salud y con la protección del patrimonio del Fondo, que pertenece a sus más de 17 millones de beneficiarios”, indicaron.

Asimismo, la institución señaló que continuará poniendo a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y “colaborará activamente con la investigación penal en curso”.

El fraude

Los antecedentes presentados en el reportaje televisivo revelan que empresas que no estaban registradas en Fonasa ofrecían exámenes médicos gratuitos -a través de operativos comunitarios- para pacientes de los tramos B, C y D.

El director de Fonasa, César Oyarzo, explicó que esos elementos evidenciarían un “engaño directo a la población, además de riesgo sanitario de tomar exámenes en condiciones que no corresponden y también hay evidencia de un fraude del tipo de cobro de subvenciones al Estado”.

Respecto al modus operandi de estas organizaciones, Oyarzo contó que las empresas “normalmente iban a sedes comunitarias, se relacionaban con personas que, de buena predisposición, los ayudaban pensando que esto era un beneficio para para su gente, sin entender lo que había detrás”.

El director explicó que, las personas que otorgaban el servicio entregaban órdenes de exámenes estándar - sin diferenciar edad o sexo- que incluían 25 exámenes, cuyos valores oscilaban entre los 250 y 300 mil pesos por persona. “Lo que lleva a la estimación de lo que nosotros controlamos hoy día y denunciamos de cerca de 8 mil millones estimados en el Estado”, indicó.

Oyarzo precisó que no existe certeza de cuántos prestadores estaban ofreciendo estos servicios, por lo que se está solicitando “una investigación amplia”.

“Nosotros nos concentramos en lo que llamamos los grandes facturadores. Estos son los casos que estamos entregando como los elementos para investigar esta situación de manera más genérica”, sostuvo.

“Acá Fonasa pagó, por lo tanto, hay una subvención del Estado. Estos exámenes se solicitaron sin que tuvieran una justificación médica y tampoco tenemos evidencia que estas prestaciones se hayan hecho. Pero el solo hecho de que se hayan hecho sin un propósito sanitario es, a nuestro juicio, suficiente para constatar de que aquí hay un fraude de subvención estatal”, aseveró el director.