A través de un informe reservado de 20 páginas y con fecha 4 de septiembre, la Contraloría General de la República le propuso a la Municipalidad de Ñuñoa -liderada por el alcalde Sebastián Sichel- destituir al funcionario y exdirector de Junaeb, Jaime Tohá, tras ser acusado por presunto acoso laboral.

Desde la municipalidad dicen que no se pueden referir al tema por tratarse de un informe reservado, pero señalaron que el alcalde tiene 20 días para abordar el tema. Lo cierto es que se trata de una sugerencia del ente liderado por Dorothy Pérez y no una obligación para el jefe comunal.

En el escrito -al que La Tercera tuvo acceso- se aborda que la denuncia de presunto acoso comenzó a partir de un sumario que inició el pasado 2 de febrero y cuya etapa indagatoria cerró el 6 de abril. Todo ello a partir de una denuncia del 30 de septiembre de 2025, donde se afirma que Tohá se habría acercado al puesto de trabajo de una colaboradora “ofuscado, gritándole en forma reiterada que por qué razón había redactado un alcance a una visación de bases de licitación, empleando groserías y denostaciones humillantes frente a los demás miembros del equipo de trabajo”. Ahí, según la denuncia, ocupó expresiones como que la denunciante “solo hinchaba las bolas” (sic), “me tienes chato”, “qué estás haciendo aquí, si no sabes nada, ignorante”.

Tohá desempeñaba el cargo de director de la Secretaría de Planificación Comunal.

El profesional -según el escrito- alegó que “al acercarse al puesto de la denunciante, le manifestó con ímpetu profesional su legítima discrepancia técnica (...) calificando como falso que hubiera ingresado a su oficina gritando o profiriendo insultos”.

Una vez que se tomó declaraciones a testigos, finalmente el ente contralor determinó que “deberá mantenerse íntegramente el cargo formulado, sin que la prueba documental y testimonial rendida por el inculpado durante el término probatorio abierto al efecto permita alterar dicha convicción”.

Por lo mismo el ente contralor sugirió aplicar “la medida disciplinaria de destitución”.

El concejal Andrés Argandoña (Frente Amplio) señaló que “es algo sumamente preocupante porque no es un hecho aislado. Ya teníamos el caso de Tomás Fuentes, el director de Dideco que incumplió una suspensión por manejar en estado de ebriedad y un sumario por conflicto de interés. También tuvimos el caso de la exdirectora jurídica que asumió la defensa personal del alcalde Sichel por un juicio en mi contra que fue reprochada por la CGR, y ahora el director SECPLA sancionado por acosar a una funcionaria”.

“Hay un problema de gestión y de control interno que da la impresión que no hay una preocupación por cumplir las leyes y las reglas”, cerró Argandoña.