En la discusión previsional, las consignas fáciles suelen esconder problemas complejos. La propuesta de eliminar el llamado “préstamo” –recientemente aprobado en la reforma de pensiones —es un buen ejemplo de aquello. A primera vista suena atractivo, pero detrás de esa aparente simpleza se esconde un error que puede costarle caro al país.

El programa de gobierno de José Antonio Kast señala “Chao Préstamo al Estado. Terminaremos con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional, para lo cual lo sustituiremos por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado. Así se consolidará que todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador”.

El diseño de la reforma contempla un mecanismo de financiamiento cruzado que permite subir de inmediato las pensiones actuales. Si toda la cotización se va de inmediato a cuentas individuales, ese canal desaparece. En otras palabras, se frustra no solo la posibilidad de mejorar las pensiones de los jubilados de hoy —uno de los objetivos centrales de la reforma—, sino también una promesa política transversal que dio sustento al acuerdo previsional.

La propuesta alternativa, según se ha señalado, sería que el Estado emitiera bonos que luego comprarían las AFP utilizando los ahorros de los cotizantes. Con esos recursos adicionales —es decir, con deuda pública— el Estado financiaría los beneficios. Pero la pregunta cae de cajón: ¿qué sentido tiene reemplazar un préstamo de los trabajadores al Estado por otro, si ambos se hacen a tasa de mercado? Para los afiliados no existe ninguna ganancia real en este cambio; en ambos casos es ahorro individual invertido en deuda pública. Se trataría de un mero juego contable sin efectos positivos sobre sus pensiones.

Así, tras una férrea oposición a la reforma, el Partido Republicano termina proponiendo simplemente reemplazar un préstamo por otro. ¿Vale la pena oponerse tenazmente a una reforma que legitimó y amplió la capitalización individual por un detalle cosmético desde la perspectiva del afiliado? El gesto es revelador: refleja un estilo de hacer política que desprecia los acuerdos y se mueve bajo la lógica del todo o nada, una lógica que casi siempre termina en nada y, en definitiva, condena al país al inmovilismo.

El mecanismo alternativo propuesto no solo es irrelevante para los afiliados, además es inconveniente desde la perspectiva política y fiscal. Al incorporar estos beneficios al gasto público corriente, cada año se abriría la discusión durante la tramitación de la Ley de Presupuesto, enfrentando fuertes presiones para incrementar su cuantía. Se estaría instalando un factor de inestabilidad permanente sobre la política previsional. Sin duda, los mercados leerían esta dinámica como una señal clara de fragilidad institucional y de inestabilidad.

Más grave aún, reabrir el debate dejaría a la reforma previsional sin legitimidad política y devolvería el tema a la arena ideológica, donde históricamente ha quedado entrampado. El “préstamo” no es un capricho: fue el mecanismo que habilitó el acuerdo que permitió elevar el ahorro previsional, dar sustentabilidad de largo plazo al sistema de capitalización individual y ratificar la administración privada de fondos.

En resumen: insistir en este cambio es gastar capital político y tiempo legislativo en una reforma inconducente, que no mejora rentabilidades, desfinancia beneficios, añade incertidumbre fiscal y arriesga poner nuevamente en entredicho el sistema de capitalización individual. No es avanzar: es retroceder.

*La autora del columna es investigadora del Centro de Estudios Horizontal