Columna de Camila Miranda: La sociedad, la política y las dificultades del cambio
Diversos estudios, entre ellos el último informe del PNUD, lo confirman: la sociedad chilena sigue reconociendo la necesidad de cambios. Sin embargo, la pregunta acerca de por qué los cambios anhelados no se materializan nos lleva necesariamente a la esfera política, donde sustantivos intentos, incluyendo dos procesos constitucionales, han fracasado, y donde importantes reformas se encuentran detenidas. Ciertamente, no es lo mismo compartir un diagnóstico sobre los problemas que existen que acordar cómo se transita hacia la materialización de su solución. Y ese nudo no ha podido destrabarse en la política, ni siquiera después de la enorme crisis social de 2019 y los dos procesos constitucionales sin resultado. Difícil resulta pensar qué más tendría que pasar para que la élite política, particularmente la derecha, se disponga a reconocer que la inmovilidad es el camino más seguro a la inestabilidad.
Hace pocos días se cumplieron dos años desde que la sociedad chilena dijo mayoritariamente no a una propuesta constitucional y en diciembre se cumplirá el primer aniversario del segundo rechazo. Dos intentos de cambio rechazados por un país que, sin embargo, quiere que las cosas cambien. Estos procesos constitucionales seguirán convocándonos a muchos balances y es bueno que así ocurra. En esta ocasión, me parece central poner atención en algunos límites que competen a la política. Desde la izquierda, por ejemplo, es preciso reconocer que no tuvimos capacidad de ofrecer una síntesis entre horizonte transformador y certezas con un planteamiento que dialogara e interpretara la realidad social que estuvo previamente al centro de la crisis. Desde la derecha, en cambio, se evidenció la ausencia de una perspectiva de futuro, una posición fundamentalmente defensiva y contenidos que petrificaban la situación actual. En definitiva, la carencia de un proyecto que no fuera la continuación de lo existente.
En ambos procesos también se evidenció la tensión entre política y sociedad que se mantiene activamente operando y que hoy se ve representada, entre otros fenómenos, en la emergencia de “outsiders”, muchos de ellos exmilitantes de partidos tradicionales. Si en el primer proceso se expresaron los déficits de legitimidad de la política tradicional, en el segundo primó la cerrazón a la diversidad del pueblo, con marcos predefinidos y una supervigilancia técnico-política sobre el órgano deliberativo. Ninguno de los dos modelos logró plasmar en una propuesta los anhelos de cambio que respaldara la ciudadanía.
Ahora bien, reconociendo que frente a ambos procesos constitucionales debe predominar la crítica y la autocrítica de todos los sectores políticos, es preciso recuperar aspectos que no deben desecharse ni borrarse de la historia. Por ejemplo, el amplio debate ciudadano que se produjo, y que había estado ausente en la experiencia nacional contemporánea, junto con mecanismos de democracia inéditos, como las iniciativas populares de normas. En el ámbito de las proposiciones, hay contenidos vigentes en el debate público y en la tramitación legislativa, uno de ellos es el sistema de cuidados, también lo son los déficits del sistema político, los límites del Estado en la provisión de seguridades esenciales, como lo seguimos viendo en pensiones, por nombrar sucintamente algunos aspectos.
El estallido social del 2019 y los procesos constitucionales que le sucedieron marcan un periodo de crisis en nuestra historia republicana que todavía no se ha cerrado. Los problemas sociales y la necesidad de cambio siguen ahí, aunque algunas lecturas interesadas intenten ocultarlo. La sociedad chilena sigue a la espera. La política sigue en deuda. Ese es, al final del día, el balance más honesto que podemos hacer a dos años del rechazo.
Por Camila Miranda, presidenta Fundación NodoXXI