Columna de Consuelo Contreras: 50 años del Golpe de Estado

Hace 50 años, el país sufrió una aguda alteración de su institucionalidad gubernamental. Esta situación marcó el inicio de una prolongada etapa, en que el respeto a los derechos humanos quedó expuesto al arbitrio de quien acaparó el mando supremo. Justamente, esta conmemoración coincide con los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo preámbulo dice que los estados se comprometen a asegurar el respeto efectivo a los derechos y las libertades fundamentales. No deja de ser una trágica paradoja que Chile estuvo entre los países que más abogó por este preámbulo, que después iba a terminar pisoteando durante 17 años.

La seguridad y las garantías de las personas quedaron en suspenso desde el instante mismo del bombardeo a La Moneda. Esta violencia era un presagio de un sistema mediante el cual un grupo impondría sus ideas. El bien común quedó desterrado de sus definiciones. La evidencia de esto la podemos hallar en la persecución de la que fueron víctimas quienes hasta hoy aparecen como detenidos desaparecidos o ejecutados políticos. Pero al mismo tiempo resulta posible apreciarlo al recordar que la dictadura se terminó dejando a 45% de la población bajo la línea de la pobreza. A esas personas sus ingresos ni siquiera les alcanzaban para cubrir la canasta básica de alimentos.

Transmitir a las nuevas generaciones la crudeza de estos atropellos se ha vuelto cada vez más difícil. Más de la mitad de las personas que viven hoy en el país no había nacido el 11 de septiembre de 1973. Otros tantos ya lo habían hecho, pero todavía eran demasiado jóvenes para tener recuerdos precisos de esa época. Entre todos ellos, las palabras que se refieren a la dictadura puede que carezcan del valor que nosotros quisiéramos conferirle, a fin de transmitir todo lo que implica esta fecha. Conferirles ese peso se hace imprescindible al contemplar cómo crece el negacionismo. Esta es una conducta que obstruye el derecho a la verdad y a la justicia, que además revictimiza y —peor aún— favorece la repetición de hechos similares. Para dar vuelta la página hay que leerla completa y el negacionismo nos aleja de este principio.

En las últimas horas se vio cuán urgente es enfrentar el negacionismo y las violentas vías que usa para manifestarse. La destrucción de la que fueron objeto La Moneda, la tumba del senador Jaime Guzmán y el Mausoleo de Carabineros en Santiago nos deben llevar a reflexionar. Lo mismo, el ataque con pintura que recibió el monolito del Presidente Salvador Allende en Iquique. Mancillar la memoria y atropellar el Estado de Derecho al arremeter contra La Moneda, el monumento más elocuente que lo representa, expone la necesidad de desterrar estas conductas.

Una respuesta inmediata está en que el Estado tome medidas positivas para garantizar el derecho de reunión. Es razonable que se adopte una ley que asegure efectiva y plenamente su ejercicio. Esto no puede quedar entregada al criterio discrecional de funcionarios, como ocurre en el presente. Una ley tiene en este caso el rol de proteger activamente el desarrollo de las manifestaciones y al mismo tiempo de salvaguardar a quienes participan de ella. Pero al mismo tiempo será capaz de instaurar límites, que pueden establecerse restricciones o incluso prohibiciones cuando una manifestación se relaciona con la incitación a la violencia, especialmente respecto a grupos de especial protección.

A 50 años del golpe de Estado la violencia aún persiste en acompañar las expresiones políticas. Eso no puede ser. En esta conmemoración de los 50 años debemos tener más presente que nunca que al único sistema de gobierno al que le podemos exigir protección y garantías de los derechos humanos es a la democracia. La misma que nos fue arrebatada hace 50 años y que tenemos la misión de resguardar.

Por Consuelo Contreras Largo, directora del INDH