Columna de Luis Larraín: Un clamor en La Araucanía



Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo

Miles de familias en La Araucanía y zonas aledañas ven con desesperanza, desde hace ya años, cómo su forma de vida es amenazada diariamente. Agricultores, parceleros, transportistas, comuneros mapuche, comerciantes, sufren diariamente ataques armados, incendios y otras violentas agresiones que no son reprimidas por la autoridad. Amenazas y robo del producto de las cosechas son el pan de cada día. Ciro Palma, de 35 años, se debate entre la vida y la muerte en el hospital de Temuco luego que el camión que conducía fuera baleado con armamento de guerra en plena Ruta 5.

Frente a esto, en Santiago, el Presidente Boric se pasea por los patios de La Moneda y afirma que la violencia es inaceptable, pero es consecuencia de un problema político e histórico no resuelto. Su ministra del Interior y Seguridad Pública evade a la prensa, o se presenta frente a ésta acompañada por quien vigila sus dichos.

Los ataques en la Macrozona Sur en el primer mes sin estado de excepción (por decisión del Presidente Boric y la ministra Siches) han aumentado en un 169% según un estudio de la Multigremial de La Araucanía, llegando a 70 atentados entre usurpaciones, atentados incendiarios y ataques con armas. Estas cifras no recogen lo que ocurrió anteayer en Los Alamos, donde 40 encapuchados en 7 epicentros distintos dejaron 28 vehículos y 5 maquinarias quemados en la jornada más violenta en 25 años. ¿Si esto no es terrorismo qué lo es?

¿Qué responde el gobierno frente a esto? Ha planteado que el diálogo es su alternativa en lugar de los estados de excepción. Recién, el delegado presidencial en La Araucanía, Raúl Allard, ha tenido el desatino de declarar que el gobierno está a la espera de las definiciones de la Convención Constitucional sobre el reconocimiento de los pueblos originarios para iniciar un diálogo sobre la materia.

¿Vale decir que durante 4 meses los ciudadanos de esas regiones tendrán que resolver a balazos sus diferencias, o soportar atentados incendiarios y con armas, perder su patrimonio y contemplar cómo se pone en peligro la vida de sus seres queridos sin oponer resistencia? Eso ya es cercano a la negligencia criminal. Una autoridad de gobierno no puede declarar impunemente algo así.

El gobernador elegido Luciano Rivas, en cambio, ha coordinado a la mayoría de los alcaldes de la región y propuesto una serie de medidas para hacer frente al problema. Su par de Biobío, Rodrigo Díaz, trabaja también activamente en buscar soluciones. Todo ello mientras quien tiene más facultades para enfrentar el problema en La Araucanía, el delegado presidencial Raúl Allard, espera el fin de la Convención Constitucional y, de pasada, realiza actividades de proselitismo político para lograr el triunfo de una de las alternativas del plebiscito constitucional; ya debiera estar fuera del cargo.

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