Columna de Pablo Ortúzar: Ministra y arzobispo

La Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, desestimó la crítica del arzobispo católico de Santiago, Fernando Chomalí, al reimpulso gubernamental en favor del aborto libre y el suicidio asistido. Lo hizo afirmando que “la voz del arzobispo es una más de las que conviven en nuestra sociedad”, por lo que no debería ser determinante, ya que “Chile es un Estado laico”.

Hay un sentido en que lo dicho es obvio: Chile no tiene un régimen teocrático, sino el de una república democrática, por lo que nadie espera que la postura del arzobispo opere como la del ayatola Jamenei en Irán. Luego, es irreal un escenario donde su voz pese más “que el conjunto de las otras voces”.

Pero el punto de Orellana no era constatar lo obvio, sino hacer ver que, en su opinión, la voz de la Iglesia Católica en un Estado laico no merece ser tomada en serio. Por eso su respuesta es sólo formal y se niega a ir al fondo. Un Estado laico, en su visión, es uno que devalúa a los líderes de las iglesias de esta forma, negando que la autoridad espiritual tenga cabida en el espacio público. El profesor Carlos Peña corrigió a Orellana en este punto, señalando que el arzobispo representa no una mera opinión personal, sino el fruto de una larga tradición de reflexión antropológica contenido en el seno de la Iglesia. Y que el debate público honesto con dicha tradición, sin duda, sería de provecho para todas las partes interesadas, pues les permitiría aclarar los límites de sus propias convicciones.

Peña, por cierto, todavía cree que la acción comunicativa es fundamental para el sustento del orden democrático. Los orígenes de esta convicción se remontan al menos hasta Aristóteles, que en su Política advierte que el ser humano es el único animal con el don de la palabra, que le permite discutir sobre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. La discusión comunitaria sobre estos asuntos, consideraba el filósofo, es constitutiva de la vida política, y la corrupción de la palabra es una característica del declive moral que lleva a la tiranía.

Ahora bien, la iglesia cristiana juega un rol fundamental en mantener viva la capacidad para “llamar las cosas por su nombre”. A diferencia de las unidades políticas primitivas, Occidente vive en un orden marcado por la bifurcación de la unidad teológico-política entre autoridad temporal y autoridad espiritual que se remonta a la tradición judía, y que con el cristianismo conquista el mundo romano. La posibilidad misma de “hablar con la verdad al poder” -como hicieron los profetas con los reyes- se sostiene en esa bifurcación, así como la distinción entre sociedad y Estado, que Orellana ignora al decir que Chile “es” un Estado laico. El poder temporal que niega relevancia a las iglesias en la esfera pública suele también pasar por encima de las autonomías e inmunidades que constituyen el orden de la sociedad civil. Siendo esto así, la posibilidad de la acción comunicativa estaría mucho más imbricada con la presencia pública de las iglesias de lo que el profesor Peña considera.

Hubo una época reciente en Chile en que sociedad y Estado se vieron ampliamente colapsados en un régimen autoritario y la izquierda conoció el valor de tener una Iglesia que pudiera mantener su autonomía institucional y hablarle con la verdad al poder. La época de la Vicaría de la Solidaridad y del arzobispado amenazando a Jaime Guzmán con la excomunión por desautorizar públicamente la demanda eclesiástica de juicio justo para los detenidos en centros de detención. Pero el proyecto y la actitud política de la ministra Orellana no recogen esa experiencia, sino que militan en una tradición posmoderna movida por la tentación regresiva teológico-política -la idea de que el poder dicta la verdad-, traficada desde Carl Schmitt a la academia progresista por autores como Laclau y Mouffe, que ve la palabra sólo como dispositivo de dominación y la sociedad civil como coágulos de intereses privados. De ahí, entonces, la descalificación a Chomalí, así como el ataque persistente y carente de articulación argumentativa contra la objeción de conciencia personal e institucional en materia de aborto y “eutanasia”, y contra los objetores mismos, que sólo recrudecerá estos días.