Los resultados electorales generalmente deben llevar a la reflexión y a replantearse estrategias, especialmente cuando éstos le son adversos al gobierno de turno. Así, pareciera de toda lógica que, al menos en materia de pensiones, el gobierno se tome un tiempo para replegarse y definir si efectivamente vale la pena insistir en impulsar un proyecto de ley que a todas luces no tiene apoyo ciudadano ni parlamentario.
En el ambiente quizás ya se sienten estos vientos de cambio, especialmente dentro del gobierno y de su propia coalición. Por un lado, el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, dio por muerto un elemento clave de la reforma del gubernamental al admitir que tendrían que buscar alternativas a las cuentas nocionales, ya que no tenían apoyo parlamentario. Posteriormente, y tras el resultado electoral que llevó a las fuerzas de oposición a superar el 60% del electorado, figuras claves de la coalición de gobierno se abrieron a fortalecer la libertad de elegir de los cotizantes. El diputado Jaime Naranjo (PS) declaró mostrarse de acuerdo en permitirle a los chilenos elegir en qué sistema quedarse (“si hay chilenos que quieran mantenerse en el sistema de AFP, démosle esa libertad”, señaló en una declaración a Ex–ante), mientras que el también diputado Héctor Ulloa (PPD) llamó a ceder más para llegar a un consenso, señalando que “hay que abrirse a pactar una forma de distribuir el 6%”, aceptando que partes de ella siga yendo a las cuentas individuales de los cotizantes.
Si la reforma de pensiones ya llegaba debilitada a su tramitación dado el ambiente eleccionario y la falta de consenso técnico que la misma suscitaba, estas declaraciones que provienen de la propia coalición de gobierno evidencian que la reforma de pensiones propuesta por el Ejecutivo sigue perdiendo viabilidad, si es que ya no la ha perdido en forma completa. Reafirma lo anterior el resultado de las pasadas elecciones, en que la ciudadanía dio una amplia mayoría a los sectores que han defendido las ideas de la propiedad de los fondos, que los fondos sean heredables, y la libertad de elegir, resultado que demuestra que los deseos de la ciudadanía no conversan con los elementos claves que se incluyen en la reforma del gobierno, como son un sistema de reparto intergeneracional y la creación de entes monopólicos estatales que reemplacen al sistema.
La oposición, en cambio, tiene sus principios claves alineados con los de la ciudadanía que logró una gran mayoría en la reciente elección y no pareciera sensato que el sector se abriese a negociaciones muy amplias. El diputado Frank Sauerbaum (RN) ya le mandó el recado al gobierno de que no está disponible para apoyar mecanismos que no contemplen la propiedad de los fondos y que obliguen a las personas a ser administrados por entes estatales. En esa línea, el gobierno deberá escuchar, analizar y acoger, para intentar alcanzar un acuerdo en materia de pensiones antes que comience el nuevo ciclo electoral el próximo año por las municipales.
En resumen, respetando la iniciativa exclusiva que tiene el Ejecutivo en esta materia, es este el que tiene la palabra para poder avanzar y traer soluciones reales en esta materia tan demandada por la ciudadanía. Para eso, sí tendrán que dejar la ideología a un lado, reemplazándola por hacerse cargo de las reales causas de las bajas pensiones, con respeto de los principios de propiedad y heredabilidad de los fondos, así como de la libertad de elegir administrador de éstos.
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