Columna de Violet Warnery: La pobreza y los derechos de niños y niñas
Este 14 de agosto se cumplieron 34 años desde que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Es el tratado internacional más ratificado a nivel mundial y Chile fue uno de los pioneros en este proceso en la región y en el mundo. En estas más de tres décadas, el país ha realizado importantes avances para garantizar los derechos a los niños, niñas y adolescentes que viven en el país en diferentes ámbitos.
Sin embargo, la pobreza sigue siendo un obstáculo para que niños, niñas y adolescentes puedan ejercer todos sus derechos y desarrollar su potencial al máximo. Según la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (2022), un 10,5% de los niños, niñas y adolescentes (467.914) viven en situación de pobreza por ingresos. En el caso de los adultos, esta proporción es casi la mitad, un 5,3% de ellos. A eso se suma que un 8,9% de los hogares con niños, niñas y adolescentes está en pobreza monetaria, situación que afecta a un 3,5% de los hogares sin niños. En tanto, un 18,4% de la población de niñas, niños y adolescentes del país viven en situación de pobreza multidimensional (807.727), que considera cinco dimensiones: educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social. En relación con los hogares en pobreza multidimensional y la cantidad de niños, niñas y adolescentes que los integran, a medida que aumenta la cantidad de personas menores de 18 años en los hogares, se incrementa también la incidencia de la pobreza.
La pobreza que afecta a niños, niñas y adolescentes se traduce en la negación de oportunidades y libertades que les permita un desarrollo digno y los priva del ejercicio de sus derechos. Hay un impacto en su salud, educación, vivienda y entornos, acceso a servicios públicos, trabajos que tienen sus padres o madres y los sistemas de seguridad social que los protegen. Estas carencias van teniendo consecuencias negativas, representando obstáculos para su desarrollo y limitando sus posibilidades de desarrollarse. Las personas que viven en situación de pobreza se encuentran en una clara desventaja para alcanzar niveles adecuados de bienestar.
La Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción 2024-2032, presentada hace unos días, es uno de los esfuerzos recientes para abordar los principales desafíos que tiene el país para aumentar el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes, a través del ejercicio de sus derechos. Uno de sus diez objetivos estratégicos corresponde al compromiso de “disminuir la proporción de hogares con niñas, niños y adolescentes que viven en situación de pobreza monetaria y multidimensional, mediante su acceso a programas y prestaciones de protección social”. Para enfrentar este y los restantes objetivos estratégicos, se consigna el compromiso de los diferentes ministerios de trabajar de manera coordinada y sistémica, reconociendo que el bienestar de la niñez y adolescencia es integral y no solo una materia de acción de un sector del Estado. Esta mirada intersectorial representa un buen ejemplo de comprensión y acción que considera que niños y niñas se desarrollan en un entorno con múltiples factores que los afectan y se vislumbra como un camino prometedor para avanzar en la disminución y, porque no, en la erradicación de la pobreza en este grupo de la población.
Es imperativo que Chile, al ser un país de ingresos altos y miembro de la OCDE, adopte las medidas necesarias para erradicar las privaciones durante la infancia, garantizando intervenciones adecuadas y tempranas. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 4, señala que “…En lo que respecta a derechos económicos, sociales y culturales, los Estado Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que se dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”.
Por Violet Warnery, representante de la Unicef.
