Sabemos que el problema del delito ha entrado de lleno en la contienda política. Justamente por esta razón vale la pena confrontar el punto de vista político con el que enarbolamos los académicos como fruto de nuestra propia investigación científica y reflexión académica. En el mundo académico hablamos de complejidad criminal para describir el nuevo estadio de desarrollo de problema delictivo.

¿Cuándo la criminalidad adquiere complejidad? Primero, cuando los actores delictuales ganan en organización y coordinación, aumenta la escala y diversificación de los delitos y sobre todo en capacidad adaptativa e innovación criminal. Segundo, cuando aumenta la dificultad estructural de investigación y persecución, la mayor parte de los delitos dejan de resolverse por flagrancia y se requiere de investigación e inteligencia criminal para investigarlos y perseguirlos. El mundo académico tiene un punto de vista frente a estos problemas del crimen que es algo diferente a la sensibilidad política. Tenemos una manera peculiar de pensar estos problemas que es fruto de la investigación y de la evidencia recogida en muchas partes y momentos del tiempo. Enumeraré algunos puntos principales:

a) Desde el comienzo de la criminología en el siglo XVIII nos hemos cansado de decir que la dureza de las penas y la amenaza de la cárcel prolongada no son el principal elemento disuasivo del delito: ni siquiera políticas como “la tercera es la vencida” han mostrado tal eficacia disuasiva, el tercer delito se comete igual. Para qué decir la pena de muerte y cosas parecidas. Mucho más disuasiva es la eficacia de la persecución penal, no la severidad de la sanción. Mejorar la probabilidad de ser descubierto y sancionado desalienta más el crimen que la dureza de las penas.

b) La reducción del delito no se consigue solamente con control, sino también con prevención y rehabilitación social. Tenemos una montaña de evidencia que muestra la forma cómo se inician carreras criminales: a modo de ejemplo, habría que fijarse en el hogar de dónde proviene una buena parte de quienes delinquen (40% de nuestros infractores adolescentes provienen de hogares con padre y/o madre que estuvieron en la cárcel). Preguntémonos, ¿quién hace algo efectivo con los hijos que quedan en el hogar de un padre encarcelado?

c) Los académicos creemos en la rehabilitación no porque seamos buenas personas, sino porque tenemos una evidencia abrumadora de que la mayor parte de quienes delinquen dejan de hacerlo, incluso naturalmente, sin intervención de nadie, simplemente por efecto de la maduración biológica y psicosocial que ofrece la edad. Las curvas de criminalidad caen abruptamente después de los 25 años y casi desaparecen después de los 40, por lo menos para el delito común (los delitos de cuello y corbata son otra cosa). Si ofreciéramos mayores oportunidades de rehabilitación (y no confiáramos solamente en las que ofrece la naturaleza) empujaríamos este proceso de cesación delictiva hasta niveles insospechados.

d) Por esta razón los académicos somos unánimemente aversos al maltrato carcelario, sobre todo porque sabemos que una porción importante de la población carcelaria no ofrece ningún riesgo criminal, y permanece excesivamente encarcelada en condiciones lamentables, sin perjuicio de que entendamos que la cárcel cumple un papel de justicia normativa que no se puede pasar siempre por alto.

e) Por último, es propio de nuestra tarea velar poque las políticas de seguridad sean integrales y abarquen el conjunto del problema (control, pero también prevención y recuperación), pero también porque descansen en buena evidencia sea en el diseño, la implementación o la evaluación de sus resultados. Hacer caso de la evidencia y tomar decisiones fundadas en un argumento racional es imprescindible sobre todo en el marco de un problema que compromete muchos recursos públicos, que está constantemente asediado por una opinión pública emocionalmente irritada y que compromete mucho dolor humano. Ojalá que en la contienda política no se olviden completamente estos consejos que provienen del mundo académico.

Por Eduardo Valenzuela, director Centro UC Justicia y Sociedad, académico Instituto de Sociología UC