Consentimiento indígena y presupuesto



SEÑOR DIRECTOR:

Más allá de cualquier exégesis creativa en vísperas electorales y sus provechos asociados, es claro que la propuesta constitucional establece un estándar de “consentimiento” indígena mayor; no solo mutando de la “consulta” al “consentimiento”, sino también ampliando exponencialmente su objeto de aplicación.

Sin duda, el ruido y la premura convencional no permitieron a sus promotores dimensionar las consecuencias presupuestarias de esta proposición. Actualmente, no solo resulta evidente la falta de capacidad instalada del Estado para desarrollar procesos de consulta indígena, sino que de la revisión de la Ley de Presupuestos 2022 no es posible desprender que exista presupuesto realista que viabilice un mínimo cumplimiento de las actuales obligaciones del Estado en la materia.

En caso de aprobarse el nuevo texto, y dejado atrás el murmullo convencional, el solo ejercicio práctico revelará la envergadura y extensión de los gastos asociados. Hoy, más que nunca, “lo prometido es deuda”.

Santiago Lyon L.

Abogado

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