A estas alturas la "crisis de confianza" se ha transformado en un lugar común, de conversación cotidiana y de innegable existencia. Esto no ha de sorprender, si en menos de una década tanto instituciones del mundo público como el privado, que antaño gozaban de prestigio, se han visto envueltas en escándalos de corrupción de diversa cuantía e impacto, cuyo denominador común es una cuestión básica que amenaza la convivencia social, la vulneración a la fe pública.

En tal cuadro, no sorprende que por estos días dos actos que tenían hasta hace algunos años una connotación republicana importante, el tedeum y la Parada Militar, ya no tengan en la opinión pública el efecto, la estatura ni la expectativa de la que estaban revestidas hace pocos años. Ha dejado de tener relevancia el mensaje político de la Iglesia a partir del encuentro en la Catedral, en parte adjudicable al impacto de las investigaciones y, en algunos casos, encubrimiento de abusos (mención aparte la nunca resuelta separación de la iglesia y el Estado, presumiblemente lejana hasta hace poco por el tremendo rol que la Iglesia cumplió en la defensa de los DD.HH. en dictadura). Por su parte, el comandante en jefe del Ejército, más que ensalzar las Glorias del Ejército, ha debido salir a anunciar medidas para evitar fraudes que por ahora mantienen a dos de sus excomandantes en jefe y una treintena de funcionarios procesados por delitos de malversación de caudales públicos.

Lo anterior es muestra evidente de que debemos dejar de considerar la crisis de confianza simplemente como un lugar común. No es menor considerar, como señala el Estudio Nacional de Transparencia de 2018, que solo un 23% de las personas confíe en el sector público y un 26% en el sector privado. ¿Es posible que este deterioro se acreciente? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para contener o revertir esta situación?

En efecto, es preciso considerar que nuestro sistema político exhibe bajos niveles de legitimidad y participación. Solo un 42% de los chilenos dice tener satisfacción con la democracia (Latinobarómetro 2018), un 46% del padrón votó en la última elección presidencial y un 36% en la última elección municipal. Una de las razones por las cuales ocurre esto es, sin duda, preocupante, de acuerdo a un estudio de Espacio Público de 2017, un 46% señala que se abstuvo de votar debido a casos de corrupción.

Sin duda, Chile, a diferencia de muchos países de la región, ha hecho una tremenda tarea generando todo un ecosistema en materia de transparencia y probidad, aprobando la ley de acceso a la información, una normativa en torno al lobby y la probidad, así mismo, también ha hecho lo propio con las normas en materia de financiamiento de la política y ha endurecido las penas para perseguir la corrupción. Sin embargo, como nos dice el viejo adagio popular, hecha la ley es también hecha la trampa, por lo que es más que necesario que avancemos hacia una cultura donde la posibilidad de "saltarse la fila", "hacerse el vivo", hacer trampa" o usar y abusar de los privilegios sea sancionado no solo legal, sino que socialmente.

Quizá si aún estamos lejos de recuperar niveles de confianza aceptable ahí donde la fe pública ha sido tan transversal y duramente dañada, pero ya es hora de ponerle límite a este desgaste progresivo. Siempre es mejor prevenir que tener que lamentar.