Cumplir las reglas

La convivencia solo es posible si es regulada por reglas, preceptos de conducta cuya finalidad es evitar que aquellos que están en una posición de poder abusen de los que se encuentran en situación de desventaja. La imagen del niño que, jugando una "pichanga", se va, llevándose la pelota para la casa si está perdiendo, ejemplifica la inclinación natural del ser humano.

Por eso el estado de derecho es inherente a la democracia, pues la sola voluntad de la mayoría no es garantía de una forma de gobierno que asegure la libertad individual y el resto de los derechos fundamentales. Los ciudadanos, además de elegir cada cierto tiempo a nuestros gobernantes, estamos protegidos de la arbitrariedad en la medida que dichos gobernantes están constreñidos a ejercer sus potestades en la forma y para los fines que establece la ley. Así el poder deja de ser puro arbitrio, vale decir, una mera expresión de la voluntad -o del capricho- del príncipe, para ser un actuar ordenado y predecible.

Cuando el gobernante, siguiendo nuestra metáfora del niño mal perdedor, "se lleva la pelota para la casa", se acaba la libertad individual, la certeza jurídica y, por ende, la auténtica democracia. En los estados contemporáneos se agrega una dificultad adicional: la complejidad de la regulación jurídica permite a las autoridades políticas caer en la tentación de saltarse determinadas reglas cuya omisión aparentemente no implicaría un atentado a la libertad o la seguridad individual.

Pero esto de que hay normas que las autoridades pueden transgredir sin amenaza para las personas es una falacia, porque siempre que una autoridad se siente con el derecho de saltarse una regla la libertad individual se vuelve más frágil. Ya sea que se trate de la Ley del Tránsito o de las que regulan sus facultades específicas, el punto es que nadie que ejerce el poder público puede -o debe- sentirse facultado para discernir a su arbitrio cuáles son las reglas que cumple y cuáles no. El día que se traspasa esa frontera impunemente la amenaza del abuso de poder se vuelve real.

En el último tiempo se ha empezado a volver costumbre que los parlamentarios incumplan las normas que regulan las urgencias, así como han empezado a forzar hasta romper en algunos casos la llamada iniciativa exclusiva de ley del Presidente de la República. Pero no hay que ser injustos, el problema también alcanza a otros ámbitos: autoridades que ejercen el oficio de la opinología, olvidando que están llamados a actuar dentro de ciertas competencias o alcaldes que dictan decretos ilegales "por el bien" de la comuna o los vecinos.

La democracia no es una "pichanga" de niños, se juega con las reglas o se destruye. No está de más recordarlo en septiembre.