SEÑOR DIRECTOR:

Las autoridades han pedido leer la propuesta de los convencionales, con el propósito de adoptar una decisión informada en el plebiscito. Así lo están haciendo las comunidades educativas y las familias en sus hogares.

Luego de leer el texto, las comunidades y familias han detectado privilegios inaceptables. El primero está en el artículo 36, numeral 5, que dice: “La Constitución reconoce la autonomía de los pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad con sus costumbres y cultura, respetando los fines y principios de la educación, y dentro de los marcos del Sistema Nacional de Educación establecidos por la ley”.

¿Por qué solo los pueblos y naciones indígenas pueden tener garantizado el derecho a desarrollar sus propios proyectos educativos en conformidad a sus costumbres y culturas? ¿Por qué se niega esta garantía al 90% de la población no indígena?

Pero hay más discriminaciones. También la propuesta, en la norma transitoria trigésima tercera, diferencia el tipo de financiamiento entre alumnos de colegios públicos y de colegios subvencionados. A los del Estado se les asegura “financiamiento basal”, de acuerdo con sus necesidades, mientras que a los estudiantes de colegios particulares subvencionados se les establece solo “financiamiento” a secas. La diferencia entre “financiamiento basal” y solo “financiamiento” no es trivial: significa más recursos para los colegios estatales. Se privilegia a un sector, perjudicando a los alumnos de los colegios donde estudia el 56% de los niños.

Estas discriminaciones irritantes e injustas afectan la igualdad en el trato de los estudiantes. No existe ninguna razón para que no tengan iguales beneficios todos los niños, independiente de si estudian en colegios estatales o particulares subvencionados. Ello explica la legítima molestia que existe hoy en las familias chilenas.

Hernán Herrera Russell

Presidente Corporación Nacional de Colegios Particulares