La prohibición absoluta del anatocismo y el llamado derecho al olvido financiero fueron aprobados para aliviar la situación de las familias, una intención a todas luces positiva y esperada.

Sin embargo, una política pública no puede evaluarse por sus intenciones, sino por sus efectos reales. Y lamentablemente, ambas medidas podrían, si finalmente se mantienen en el texto promulgado, encarecer el crédito, reducir su disponibilidad y perjudicar precisamente a quienes buscan favorecer.

La prohibición del anatocismo impide estipular intereses sobre intereses o capitalizarlos en cada vencimiento o renovación. La legislación vigente ya regula esta materia, permitiendo la capitalización con límites de frecuencia e impidiendo que los intereses por mora generen nuevos intereses. El cambio sustituye una regla acotada por una prohibición absoluta que la CMF califica de inédita en jurisdicciones comparables. Además, alcanza operaciones de captación como los depósitos a plazo renovables, en cuyo funcionamiento la capitalización de intereses cumple un papel esencial.

El costo que deja de cobrarse mediante capitalización no desaparece. Las instituciones pueden incorporarlo desde el inicio en tasas más altas, exigir garantías, acortar plazos o excluir a los solicitantes de mayor riesgo. El Banco Central advierte que, si no es posible acumular intereses sobre cuotas atrasadas, el acreedor incorporaría esa contingencia al valor de las cuotas y a la tasa implícita, afectando el costo del crédito para quienes pagan oportunamente. A ello se suma un efecto menos evidente: reprogramar una deuda vencida supone, en lo esencial, incorporar los intereses devengados al saldo y reprogramar. Restringir esa operación puede estrechar el espacio de renegociación.

La Tasa Máxima Convencional debiera servir de advertencia. Aunque entonces se limitó el precio y ahora se busca restringir la estructura contractual, el mecanismo económico es comparable: cuando disminuye la capacidad de reflejar el riesgo, parte del ajuste se produce prestando menos. Para muchas familias, la alternativa será recurrir al crédito informal, sin supervisión ni protección efectiva.

El derecho al olvido genera una consecuencia similar. Chile ya limita la comunicación a terceros de antecedentes negativos antiguos, pero la nueva norma va más lejos: obliga a eliminar información de los registros internos del propio acreedor y restringe su uso como criterio para denegar nuevas solicitudes. Con menos antecedentes, una entidad financiera distingue peor entre quien tuvo una dificultad puntual, quien ha incumplido reiteradamente y quien mantiene un comportamiento responsable. La redacción incluye, además, las deudas pagadas entre los antecedentes que no pueden utilizarse para denegar una solicitud, lo que reduce la utilidad del historial para reconstruir la trayectoria completa del deudor.

Cuando esa capacidad de distinguir se deteriora, aparecen subsidios cruzados. El buen pagador deja de recibir plenamente las condiciones correspondientes a su menor riesgo y termina financiando, mediante tasas más altas, parte del riesgo de quienes presentan peor comportamiento. Esto afecta especialmente a quienes carecen de propiedades, avales o ingresos estables, porque su historial de cumplimiento es muchas veces la principal garantía que pueden ofrecer. El borrado de antecedentes de 2012, que alcanzó a cerca de 2,8 millones de personas, mostró que eliminar información altera la clasificación del riesgo y puede reducir el financiamiento agregado.

Consideradas en conjunto, ambas normas refuerzan el mismo problema: una reduce la información disponible para estimar el riesgo y la otra restringe la forma de estructurar y reprogramar su costo. La reacción esperable será tasas más elevadas, acortar plazos, exigir más garantías o rechazar solicitudes, golpeando especialmente a jóvenes, informales, microempresarios y familias con ingresos variables.

Proteger al deudor es legítimo, pero hacerlo bien exige corregir abusos sin destruir información útil ni cerrar espacios de renegociación. Cuando se dificulta medir el riesgo y se limita la capacidad de administrarlo, el resultado difícilmente será un crédito más justo. Será, con mayor probabilidad, crédito más caro para algunos y ausencia de crédito para muchos.

*El autor de la columna es economista