En una frase que sonó contraproducente, José Antonio Kast advirtió que, en caso de resultar elegido Presidente de la República, gobernaría por decreto. Lo que en verdad molestó fue que, además, consideró “algo irrelevante” el Congreso. Luego aclaró, como sabemos, que se refería únicamente a ciertas materias que son de resorte del Ejecutivo. Sin embargo, más allá de la crudeza de sus expresiones iniciales, conviene recordar que todos los candidatos, de uno u otro modo, anuncian que ejercerán plenamente sus facultades presidenciales, aunque se guardan de emitir su opinión sobre el Congreso. Este último, ciertamente, no es irrelevante bajo el sistema de equilibrios diseñado en la Constitución. Al contrario, es vital como parte de la democracia. Otra cosa es que sea pésimo, al punto que su notoriedad emana de que un grupo de ellos son intrigantes profesionales, otros ostentan una ignorancia enciclopédica, y, por último, los hay que están disponibles para mudarse de una doctrina política a la opuesta y que hasta el día antes combatía. Así pues, Kast no estaba tan equivocado, sino más bien se le reprocha exponer lo que todos sabemos.

Volviendo a lo esencial, cabe señalar que el verdadero sentido de utilizar los decretos como herramienta no es señal, por sí misma, de despotismo. Es un deber constitucional dentro un sistema democrático con equilibrios entre los distintos órganos del Estado y respeto a los derechos fundamentales de las personas. La Constitución vigente le confiere al Presidente numerosas atribuciones exclusivas y una de las principales es la potestad reglamentaria, es decir, “dictar los decretos que crea convenientes para la ejecución de las leyes” (Art. 32 Nº 6). Los decretos, pues, no solo son legítimos y obligatorios, sino que su adecuado empleo permite enfrentar los flagelos de la desesperante inseguridad, el nulo crecimiento económico y el creciente desempleo. El Presidente puede combatir la delincuencia declarando estados de excepción en determinados territorios, puede enfrentar el narcotráfico y los asesinatos utilizando el monopolio de la fuerza. Tiene iniciativa exclusiva para presentar proyectos de ley que reduzcan tributos y fomenten el empleo. Puede organizar los servicios del Estado para desburocratizarlo y remover a los empleados públicos que lo entorpezcan, hoy enquistados en ministerios y reparticiones. Todo ello entre muchas otras atribuciones que, por decreto, contribuyen al desarrollo y bienestar de las personas. La pregunta, entonces, no es si se puede o no gobernar por decreto, sino quién será el/la Presidente(a) que los emplee. Una mayoría ciudadana confía en que Evelyn Matthei les daría un uso equilibrado, que José Antonio Kast podría utilizarlos de modo autoritario y que Jeannette Jara haría crecer al Estado de forma inmensurable, frenaría el desarrollo privado y aumentaría el desempleo.

Prestemos atención a Dorothy Pérez, que, sin necesidad de leyes ni decretos, ha perseguido la corrupción de miles de funcionarios y combatido los abusos administrativos. Esto nos muestra que, más que decretos, lo que falta es volver a la decencia.

Por Álvaro Ortúzar, abogado