SEÑOR DIRECTOR

Ante el reciente fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta por el caso Dominga, son necesarias algunas consideraciones.

En nuestro país, solo cerca de un 3% de los proyectos son rechazados por el SEIA. El sistema no tiene legitimidad social. Los procesos de participación ciudadana rara vez satisfacen a quienes participan. De los proyectos aprobados, solo un número ínfimo es revertido por los tribunales. Ostentamos, además, una triste posición como uno de los países con mayor conflictividad ambiental en el mundo.

La creación de tribunales ambientales partía de la idea de un control más eficiente y especializado de los actos ambientales de la Administración. Por su composición, tienen la posibilidad de observar los elementos jurídicos y técnicos de esas decisiones. En este contexto, el último tribunal en entrar en funcionamiento resolvió éste, su primer caso, y la sentencia debiera dar cuenta de esta omnicomprensión del derecho ambiental. Desafortunadamente, es un fallo más bien basado en interpretaciones procesales.

La complejidad jurídica y técnica del caso es alta y su análisis provocó el rechazo del proyecto en las dos instancias administrativas previas, con un encendido debate sobre el rol del Comité de Ministros, ribetes relacionados con falta de probidad administrativa por presiones para aprobar el proyecto y un fuerte impacto político y mediático. Mal que mal, es muy extraño que se rechace un gran proyecto.

Es de esperar que la revisión que haga la Corte Suprema sí dé cuenta de estas complejidades y finalmente revierta una decisión que pone en riesgo convertir en zona de sacrificio un área de altísima riqueza ambiental.

Ezio Costa

AbogadoDirector Ejecutivo ONG FIMA