Gratuidad: teoría versus realidad

¿Debiese extenderse la gratuidad más allá de la duración teórica de la carrera? Para abordar esta pregunta es necesario, primero, entender por qué la duración de la gratuidad está así restringida. Podría pensarse que es para incentivar a los estudiantes y a las instituciones a la graduación oportuna, dado que en el primer año de estudio adicional a la duración teórica de la carrera la institución puede cobrar al estudiante hasta el 50% del arancel regulado de la carrera. Así, el costo de la mayor duración efectiva de los estudios se divide en partes iguales entre la institución y el estudiante. La ley, entonces, castiga por igual a unos y otras.

Si este es el fundamento de la medida, esta sanción no tiene mucho sentido, porque el resultado que se busca no depende solo de los estudiantes o solo de las instituciones, sino de la interacción entre unas y otras; y donde los estudiantes no tienen control sobre la forma en que las instituciones implementan los planes de estudio de las carreras, y las instituciones, por su parte, no controlan el grado de empeño que ponen los estudiantes en aprobar sin falla sus asignaturas. Desde este punto de vista, restringir la gratuidad a la duración teórica de la carrera parece una medida poco eficaz para que los estudiantes terminen sus carreras oportunamente.

Además, bien sabemos que la probabilidad de que un alumno progrese en su carrera no depende solo del empeño que ponga en ello, sino también, crucialmente, de factores que son ajenos a su voluntad, como su capital cultural y la calidad de la educación escolar recibida, que, además, son sistemáticamente menores para los jóvenes beneficiarios de la gratuidad: aquellos provenientes de familias de los seis más bajos deciles de ingresos. Hay, entonces, una inconsistencia en la gratuidad como política: perjudica principalmente a los que buscar favorecer.

Volvamos ahora a las instituciones de educación superior. La gratuidad quiere instarlas a enseñar con mayor eficacia, por la vía de penalizarlas si hay un desfase entre la duración real de las carreras y su duración curricular. ¿Qué tan grave es el problema de la sobreduración? Según cifras del Ministerio de Educación, en las carreras de mayor duración teórica la sobreduración es de 30% (tres semestres adicionales), y en las carreras más cortas, de cuatro semestres, es de 50% (dos semestres adicionales). Estos números sugieren que estamos frente a un problema importante.

También muestran una tendencia a la mejora de los tiempos de titulación desde 2008, equivalente a aproximadamente un semestre de disminución en todo el pregrado. Nótese que esta tendencia es anterior a la gratuidad, y se debe probablemente a la acreditación, que considera la titulación oportuna como una variable importante en el análisis que hace del desempeño docente de las instituciones y sus carreras.

Las instituciones pueden hacer un mejor trabajo en acortar los tiempos en que sus estudiantes permanecen matriculados, pero la gratuidad no parece ser el instrumento idóneo para estimularlas a ello: como se ha dicho, es ineficaz al no considerar la complejidad del problema, e injusta al penalizar preferentemente a quienes más necesitan el beneficio.

Desde esta perspectiva, una gratuidad que considere la realidad de la sobreduración, con referencia a algún estándar nacional o internacional, y penalice solo las desviaciones más significativas respecto de ese estándar, como han propuesto los rectores Carlos Peña y Carlos Saavedra, parece un buen compromiso.