Las encuestas de opinión pública coinciden en que si hay algo que cunde en la actualidad en Chile es el pesimismo. Las emociones registradas por diversos estudios -Cadem, Criteria, Ipsos- se mecen entre la tristeza y la desesperanza sobre el futuro económico con una intensidad que no se registraba desde hace una década. Nada indica que esa percepción vaya a cambiar en el mediano plazo, a juzgar por el Imacec del mes de julio y los índices de desempleo. Quienes hasta marzo repetían como un mantra que el país se caía a pedazos, no solo a sus adherentes nacionales, sino también a quien quisiera escucharlos en el extranjero, pueden estar satisfechos: el hechizo acabó surtiendo efecto. El propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había anunciado que junio sería un mes que marcaría un “punto de inflexión”, proyectando un repunte económico en adelante. Tal cosa no ocurrió. El problema ahora es que hacer despegar la economía con tales niveles de desconfianza y pesadumbre en la población será aún más difícil: la sensación mayoritaria es la de haber sido defraudados, primero con el inexistente plan de seguridad, luego por el manejo de la hacienda pública.

Los golpes de efecto, como el proyecto de reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción que le otorgaría unas facultades desmesuradas a la figura presidencial, no serán suficientes para recobrar la confianza de esa mayoría que le dio su voto al Presidente Kast. Resultó ser una propuesta tan autoritaria que incluso un senador republicano reconoció en una entrevista que de haberla presentado un adversario político no la habría apoyado. Es decir, reconoció implícitamente que el proyecto solo les conviene a quienes estén en el poder. Sobre la manera en que esas facultades excepcionales ayudarían a perseguir efectivamente el crimen organizado no se ofrecen datos ni evidencia.

Aun con una oposición desarticulada, el gobierno tropieza como quien camina a tientas en medio de una habitación en penumbras, regalándole al país discursos contradictorios sobre la eficiencia, la libertad, la democracia y el patriotismo. Este último punto resulta especialmente confuso cuando se trata de los aliados ideológicos del Presidente Kast.

En 2021 el expresidente transandino Alberto Fernández firmó un decreto que menciona que el Estrecho de Magallanes es “uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo”. La frase, que contradice los tratados internacionales que definen con claridad que sobre el paso interoceánico solo Chile ejerce soberanía, significó en su momento una protesta diplomática de nuestro país. El incidente volvió a cobrar relevancia durante los últimos meses tras las declaraciones públicas de dos militares argentinos -un brigadier de la Fuerza Aérea, primero, y un contraalmirante naval, después-, quienes por separado pusieron en duda la soberanía chilena sobre la zona. Frente a estos hechos el Presidente José Antonio Kast en lugar de presionar para que su aliado Javier Milei derogara el decreto de 2021, contradijo a su propio canciller, quien había anunciado que el texto derogatorio estaba redactado, y se conformó con una simple declaración pública al respecto del gobierno transandino, cuyo valor no se compara con el de un decreto vigente que puede ser utilizado como una prueba para futuras maniobras. Una lectura posible que explique la decisión del presidente chileno de desautorizar a su ministro de Relaciones Exteriores es que el mandatario hubiera privilegiado su relación con su aliado ideológico transandino en desmedro de los intereses del Estado chileno, asegurándole a Milei una participación sin contratiempos en el Foro de Madrid, el encuentro internacional de la ultraderecha que no le gusta reconocerse como tal, organizado en Santiago durante la semana pasada.

En Chile, el presidente argentino hizo lo que sabe hacer: insultó a quienes no piensan como él, celebró el Golpe de Estado de 1973 y dio su propia interpretación de la historia reciente de nuestro país. El Foro de Madrid también sirvió para que Sarah Rogers, la subsecretaria de la diplomacia del gobierno de Donald Trump, acusara a “extremistas de izquierda” de quemar estaciones de Metro y destruir negocios durante el estallido de 2019. Rogers hizo estas declaraciones a pesar de que aún no existe certeza sobre quiénes provocaron los incendios de las estaciones del Metro durante el estallido, como tampoco hay evidencia de que el vandalismo y la violencia hubieran obedecido a una trama organizada por algún grupo político específico. Sin embargo, Rogers lo dijo como algo comprobado, saltándose olímpicamente la labor de las instituciones locales. La norteamericana calificó, además, el proceso constituyente como un “chantaje” de los “extremistas de izquierda” y no como lo que fue: una vía acordada entre parlamentarios de diversos partidos para enfrentar una crisis mayor. En el mismo foro, el embajador de Estados Unidos en Chile aseguró que su país está ejerciendo a sus anchas en el nuestro la llamada “Doctrina Donroe”, la versión Trump de la doctrina Monroe, es decir, una actualización sin disimulo de intervención del gobierno de Washington en América Latina, lo que rara vez significa impulsar la democracia, basta ver lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela.

El actual gobierno prometió seguridad, orden migratorio, prosperidad y un reconocimiento de los valores patrios que su sector juzga amenazados por la izquierda política. Hasta el momento lo que ha demostrado es que no sabía cómo enfrentar la criminalidad ni qué hacer con la crisis en la frontera norte ni conocía la fórmula para volver a crecer al 4%. El gobierno de José Antonio Kast tampoco parece tener claro en qué consiste actuar patrióticamente cuando las circunstancias lo exigen, algo que involucra gestos de grandeza mucho más perdurables que vestirse de huaso y bailar cueca en septiembre.