Jueces y democracia

CENTRO DE JUSTICIA

PEDRO RODRIGUEZ



La Convención Constitucional, a la que no se puede criticar sin ser acusado de formar parte de una campaña de desprestigio, camina hacia la refundación de nuestros Tribunales a los que se les reduce a ser una especie de servicio público y se les deja sometidos al control de un órgano de claro predominio político. Todos los jueces, incluidos los ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, serán nombrados y evaluados por el Consejo de la Justicia, cuya integración hace inevitable su politización.

Sin jueces independientes no hay control del poder y sin ese control no hay democracia, así de simple. Suelo ser crítico de nuestra justicia, del excesivo activismo judicial, de los jueces que confunden su obligación de resolver conflictos particulares con el deseo de modificar el orden social a través de sus fallos.

Sin embargo, cada uno de esos fallos que, en mi opinión son erróneos, responden a la visión de sus respectivos autores, a la concepción que cada uno de ellos tiene del Derecho o de la función jurisdiccional.  Por eso, entre otras cosas, como ciudadano puedo discrepar de ellos y hacer pública mi discrepancia sin temor, porque es una diferencia intelectual, porque en un sistema de justicia independiente se pueden criticar los fallos, precisamente por eso, por la independencia de sus autores.

Pero la Convención nos lleva a un sistema judicial en que los jueces no serán, en realidad, independientes, sometidos a un órgano controlado por el poder político, su designación en un tribunal superior estará inevitablemente determinada por un escrutinio de sus fallos que no será jurídico. ¿Este juez discrimina entre rubios y morenos, falla con perspectiva de género? De los fallos de ese sistema de justicia no se podrá discrepar, porque la discrepancia ya no será expresión de una diferencia intelectual, sino de sedición, una desviación de los valores oficiales que el Estado canaliza y protege a través de todos sus órganos. Los jueces estarán “vigilados” por ese Consejo y en esos Consejos no se admite la originalidad.

La democracia no es solo una forma de gobierno, ni de participación en sus decisiones, la democracia es ante todo una forma de control del poder, de evitar su concentración, su ejercicio arbitrario. Por eso, el gobierno de la ley -no me canso de decirlo- es el único que garantiza la libertad individual, porque nos somete a reglas y no al arbitrio del poderoso. Pero no puede haber gobierno de la ley sin jueces independientes que la hagan cumplir; con jueces sometidos al poder político no hay ley, todo se vuelve una mascarada, una apariencia. Volvemos a la organización social más primitiva: la única regla es la voluntad del que tiene la fuerza.

Al menos en las sociedades más primitivas había posibilidad de rebelión, el poder organizado del Estado moderno es irresistible, es lo que vemos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, países en los que no hay jueces independientes y, por supuesto, no hay democracia.

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