Encuestas de opinión, como la más reciente del CEP, parecen recoger un estado de ánimo de la ciudadanía que refleja grados importantes de satisfacción y confianza en el futuro, particularmente cuando a las personas se les pide pronunciarse sobre su propia situación. Grandes mayorías parecen sentir en conformidad con las posibilidades que genera un país que funciona bien y en condiciones de relativa estabilidad.

Detrás de esto hay una realidad. En el contexto del mundo en desarrollo, Chile, efectivamente, parece hoy un país privilegiado. Tiene una población que ha accedido masivamente a la educación en niveles cada vez más avanzados, instituciones económicas adecuadas para facilitar el crecimiento, pasivos públicos reducidos, fuerzas políticas mayoritariamente democráticas y orientadas a promover el mayor desarrollo y la solidaridad social. Por cierto, el país ha vivido situaciones complejas. Pero en el balance, es un país que, habiendo superado su grave crisis de décadas atrás, ha podido probar, una y otra vez, su capacidad para avanzar en calidad de vida para su población e ir resolviendo sus carencias y dificultades, con buen sentido. En definitiva, por décadas, el país ha logrado avances en las diferentes dimensiones relevantes para su población. Y la forma en que ha sorteado sus dificultades, para volver a proyectarse en términos pacíficos, democráticos e inclusivos, es la propia de una nación que puede descansar en importantes consensos.

Ciertamente, junto a sus fortalezas, el país mantiene problemas evidentes: sus bolsones de pobreza y niveles de desigualdad socioeconómica, que deben reducirse; el conflicto en La Araucanía; dificultades en instituciones determinantes del crecimiento y el empleo, como en el caso de la legislación laboral; o relativas al respeto básico del estado de derecho, como la inseguridad ciudadana ante la delincuencia, o la falta de probidad en algunas instituciones estales. La ciudadanía quiere ver mejor tratados estos problemas. Pero al momento de establecer prioridades, ellas parecen estar todas en el ámbito de lo que es materia de posibles consensos amplios, a partir de las instituciones existentes y consolidadas.

Frente a esta lectura de la realidad hay en el mundo de la política, en los medios de comunicación, en las redes sociales y también en algunas expresiones culturales, manifestaciones de visiones más críticas sobre el país y su devenir; visiones que promueven diagnósticos extremos, descalificación de instituciones y procesos. Es importante salir al paso de estas visiones que niegan valor a los avances del país, que estimulan y extreman las diferencias, y promueven la refundación institucional profunda, pues representan el mayor riesgo para el futuro de los chilenos.

Hay un alto valor ético en promover el diálogo y los consensos como el camino para resolver diferencias, con el interés del país como motivación. Y, posiblemente, hay también una conveniencia política, como muestra la experiencia con la Nueva Mayoría en el gobierno, que activó una importante defensa del país ante la eventual pérdida de rumbo político económico y social: la clara reacción de la ciudadanía para preservar las instituciones que permiten el progreso.