SEÑOR DIRECTOR:

Los chilenos perciben que los delitos se han incrementado por el aumento sostenido de migrantes en situación irregular. Se estima que estos orbitan en torno al 10% del 1,8 millón de inmigrantes.

Las cifras de la PDI y Carabineros (2023) revelan que un 12% de la población total penal es extranjera. En las tres regiones más al norte este porcentaje alcanza el 36%. La población migrante representa hoy el 8% del total poblacional de Chile.

El primer informe nacional sobre homicidios consumados (2023), coordinado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, muestra que los homicidios han crecido en un 56 % entre 2018 y 2022: la tasa de homicidios por 100.000 habitantes ha pasado de 4, 5 a 6,7. En las regiones nortinas pasó de 4,8 a 13,3. En comunas de explosivo crecimiento migratorio las tasas son: Santiago, 13,1; Recoleta, 16,9; Estación Central, 13,3. En el norte: Arica, 17,4; Iquique, 11,8.

Los victimarios extranjeros eran en 2018 un 3,5%, ahora en 2022 son un 13,1%. En el norte son un 38% y en la RM un 16%.

El asunto reviste suma gravedad y requiere la adopción de medidas drásticas para enfrentar esta nueva realidad criminal. Se debe proteger a los nacionales y a la inmensa mayoría de personas que han venido a contribuir de aquellos que no respetan la ley de migraciones (2022), las normas y la convivencia.

El delito en inmigrantes debiese tender a cero; de no ser así, configura un factor creciente de tensión social. El Estado debe actuar decididamente para impedir que la desconfianza y la hostilidad aumente entre nacionales y foráneos. El control y la selectividad migratoria es más necesaria que nunca.

Esconder la cabeza como el avestruz es pavimentar el camino hacia el infierno.

Lorenzo Agar Corbinos

Doctor en Sociología