SEÑOR DIRECTOR

Chile ha vivido 12 meses de violencia desatada en todo el territorio, incluida La Araucanía. Mientras allí una minoría invoca “reivindicaciones” de cuarta generación, en el resto del territorio son “protestas pacíficas” pero con piedras, bombas, interrupción de las calles, destrozos e incendios. Ambos tipos de violencia obedecen al mismo origen y son defendidos por los mismos actores políticos.

El Estado, como todos los estados, debe velar por el orden público y proteger a los ciudadanos de la violencia, para lo que cuenta en Chile con su cuerpo de Carabineros de antigua y prestigiada data. Es una consecuencia ineludible que la mantención del orden público en un escenario de violencia requiere el uso de la fuerza y que como consecuencia de ello los provocadores sufrirán daños que no son imputables a aquellos que tienen la obligación de mantener el orden.

Los responsables son los que llaman a las “protestas pacíficas” sabiendo que no son tales, como forma de presionar a la sociedad. Acusan a Carabineros de la violencia para dificultarles e inhibirles el cumplimiento de su deber y dejar el campo libre a los violentistas, lo que resulta un absurdo inaceptable en cualquier sociedad.

Mantener el orden sin dañar a nadie es imposible si los atacantes lanzan piedras y bombas a Carabineros.

Juan Ariztía Matte