Han pasado seis años, una pandemia, dos procesos constituyentes fracasados con sus respectivas elecciones y plebiscitos, una crisis migratoria y de seguridad, un expresidente que acabó su mandato derrotado, y un joven mandatario que llegó a La Moneda encabezando lo que, todos suponíamos, sería un cambio de época. Es demasiado lo acontecido, y a la vez es como si nada hubiera cambiado como se supone lo requería la urgencia de aquella crisis iniciada la tarde del 18 de octubre de 2019.

La hinchazón de causas y reivindicaciones de la primera Convención reventó en una derrota de la primera propuesta, una paliza que la izquierda no termina de asimilar en plenitud. En un momento era posible todo, en otro, menos que nada. El triunfo del Rechazo del 4 de septiembre de 2022 cerró un primer capítulo y significó una rápida y contundente reinterpretación de la crisis política y social que reventó en 2019: si hasta esa fecha había un reconocimiento transversal del malestar generado por los abusos, el maltrato y la insensibilidad frente a demandas sociales largamente sostenidas y escasamente atendidas, en adelante lo que se impondría sería un relato muy distinto, que tendría como núcleo la idea de algo llamado “octubrismo”. Esta nueva versión asegura -sin ofrecer ninguna evidencia, prueba ni testimonio- que el estallido habría sido una planificación organizada por una izquierda que no tiene nombre ni apellido, cuya meta era un golpe de Estado, un grupo tan anónimo como el enemigo despiadado del que habló en su momento el expresidente Piñera. El recuento del descontento y los abusos expuestos y refrendados por los hechos y por la historia reciente -caso La Polar, colusiones-; la constatación de las desigualdades extremas -ingresos, pensiones-, y la intensificación de la desconfianza en las instituciones políticas y de justicia -financiamiento ilegal de la política-, se evaporaron como explicaciones para una crisis compleja. Un sector decidió definir el estallido como una mera asonada delictual. Aún más, para ese sector el solo hecho de mencionar las movilizaciones pacíficas como el corazón de lo ocurrido se transformaría en un asunto sospechoso, la justificación de la violencia. La lógica del interruptor, que o está apagado o está encendido, no permite indagar en causas, matices, ni complejidades sobre un asunto que si algo lo define es la variedad de los elementos que lo provocaron y la cantidad de fenómenos a los que dio curso. Que fuera algo planificado resulta, si no imposible, altamente improbable: tan inorgánico fue que el gobierno del minuto no tenía una contraparte con la que establecer un diálogo. Ni la inteligencia policial ni la militar fueron capaces de ofrecer argumentos para establecer una organización sistemática del vandalismo, basta recordar el caso de los incendios en las estaciones de Metro. El segundo capítulo de la historia estaría dominado por el reduccionismo y la simplificación, alimentado por un nuevo factor: la crisis de seguridad y el avance del crimen organizado.

El péndulo ahora está en el extremo derecho, y puede que permanezca ahí hasta las próximas elecciones presidenciales. La izquierda no puede achacar toda la responsabilidad de que así ocurra a la ola ultraderechista internacional en curso desde hace ya más de una década. Durante los primeros meses de gestión el gobierno actual le ofrendó a la ultraderecha para provecho propio el tema de la seguridad, no solo en los hechos, sino con desafortunadas declaraciones de autoridades y dirigentes, que desdeñaban el malestar de amplios sectores de la población -sobre todos los más débiles- por los hechos criminales en curso. Parafraseando a un líder del Frente Amplio, Santiago nunca fue Praga, pero tampoco había sido una ciudad en donde balearan personas para robarles un reloj, ni una en la que bandas criminales mantuvieran centros de cautiverio para secuestrados. Aun peor, muchas voces de izquierda frente a la violencia de esta nueva criminalidad respondían comparándola con el terrorismo de Estado en dictadura, arrasando de paso, y de manera inconsciente, con el concepto de violaciones de los derechos humanos. La frivolidad descontrolada es tan dañina como los estúpidos con poder.

Los candidatos de ultraderecha gozan de la urgencia provocada por la criminalidad, pero bajo ese temor no han desaparecido las demandas del estallido, que según las encuestas del momento convocaban a una abrumadora mayoría de los chilenos. Esas demandas continúan sin respuesta.

La peor manera de tratar el estallido desde la izquierda es usando la lógica del interruptor y dividir el mundo entre quienes estuvieron a favor y quienes estuvieron en contra, que es similar a manifestarse en apoyo o rechazo a un estado febril o a un terremoto. Adherir al descontento o sumarse a las marchas posteriores no significaba impulsar el vandalismo; intentar comprender el fenómeno y solidarizar con los manifestantes mutilados por la acción policial tampoco significa justificar la violencia o ser enemigo de Carabineros; del mismo modo que denunciar el estado lamentable en el que quedaron algunos barrios de Santiago, no solo del centro, es adherir al fascismo. Sin embargo, la discusión y el análisis de lo ocurrido quedaron entrampados en ese pantano de simplificaciones extremas.

Es posible que a partir de noviembre de abra un tercer capítulo en esta historia que arrancó en octubre de 2019, una crisis mayor de convivencia que intentó ser encauzada por una vía, la constitucional que fracasó dos veces. La segunda de ellas, por una propuesta de extrema derecha impulsada justamente por el sector que hoy tiene grandes posibilidades de llegar a La Moneda. De ser ese el caso, el estallido no solo habrá marcado el inicio de un rodeo absurdo para llegar a ningún lado, sino un viaje de retorno a lo peor de nuestra historia reciente.