Nuevo llamado a un acuerdo por la paz

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Los ministros del comité político tendrán una reunión con el Presidente luego del consejo de gabinete. foto: agencia uno/archivo


El llamado que ayer hizo el Presidente de la República a la oposición para suscribir un "Gran Acuerdo por la Democracia, contra la violencia y por la paz", llega en un momento especialmente complejo para el país. En las últimas semanas han recrudecido los acto de vandalismo en distintas zonas, y diversas organizaciones han hecho llamados para retomar las movilizaciones durante marzo, lo que ha reabierto un clima de incertidumbre y temor.

Las escenas de vandalismo y saqueo en la ciudad de Viña del Mar, en las vísperas del inicio del Festival de la Canción, constituyen muestras inaceptables de vulneración del orden público y dañan gravemente la imagen de nuestro país, sin que resulten explicables las dificultades que aún muestran las autoridades de gobierno y policiales para controlar a grupos que no obstante su violencia, no parecen ser especialmente numerosos. El ataque al Hotel O'Higgins, que albergaba a artistas y turistas, así como la vejación al monumento de los Héroes de Iquique en Valparaíso, son dos hechos que permanecerán por mucho tiempo en la retina.

Tras el consejo de gabinete que encabezó en La Moneda, el Mandatario relevó el inicio de una nueva etapa en su gobierno, e hizo un llamado para avanzar en una agenda social -instando al Congreso a la aprobación de la reforma a la salud, la creación de un ingreso mínimo garantizado y establecer aumentos de las pensiones de aquellos que no forman parte del pilar solidario-, como también impulsar una agenda de orden público y seguridad ciudadana (reforma a Carabineros, fortalecimiento del sistema nacional de inteligencia, entre otros). También puso hincapié en la necesidad de contar con una "poderosa agenda" para proteger los empleos y a las Pymes. Recalcó especialmente la importancia de asegurar el orden público, para así poder tener un plebiscito que sea democrático, limpio y transparente.

Es una señal decidora que La Moneda, en la antesala de que comience marzo, haya puesto nuevamente al orden público como una prioridad central, pero la fría recepción que el llamado del Mandatario encontró en los partidos de oposición abre la interrogante de si acaso se ha dimensionado apropiadamente el riesgo en que se encuentra el país así como la viabilidad de los futuros actos eleccionarios que tendrán lugar este año. El acuerdo político por la Paz y la Nueva Constitución suscrito en noviembre pasado por la mayoría de las fuerzas con representación parlamentaria ha surtido un limitado efecto en cuanto a restablecer el orden público, por lo que es imperativo que este nuevo llamado en favor de asegurar el estado derecho no caiga en el vacío o termine en algo meramente declarativo.

Es válido que La Moneda apele entonces a la oposición para que no se desentienda de lo que públicamente ya fue comprometido -su incumplimiento será a la larga castigado por la ciudadanía-, pero el Ejecutivo no debe utilizar aquello como excusa para inhibirse de utilizar las herramientas que constitucional y legalmente cuenta para el control del orden público.

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