Por estos días, cerca de un nuevo aniversario del estallido social de octubre de 2019, se han escuchado algunas voces que insinúan la necesidad de reeditar el esfuerzo por dotarnos de una nueva Constitución Política. Ello ocurre después de que el país atravesara por dos procesos constituyentes, entre los años 2021 y 2023, que culminaron con sendos pronunciamientos ciudadanos de rechazo hacia las propuestas elaboradas tanto por la Convención Constitucional como por el Consejo Constitucional.

Las reflexiones de quienes insisten en revivir procesos claramente superados permiten efectuar algunas reflexiones desde el punto de vista del cambio constitucional.

Es así como las constituciones surgen con un sentido de perpetuidad. No son normas reactivas a situaciones coyunturales en la evolución de la sociedad. Por eso los quórums para reformar las cartas fundamentales son particularmente exigentes, pues ningún grupo o sector debiera sentirse tentado a modificarlas si no cuenta con un amplio respaldo.

El sentido de perpetuidad de la Constitución no conspira, en absoluto, con la necesidad de irle introduciendo los ajustes que demanden las nuevas realidades a fin de preservar su legitimidad, o sea, la identificación que siente la ciudadanía con ese conjunto de reglas ordenadoras de la convivencia social. Por lo mismo, toda reforma constitucional exige un debate amplio y consensuado.

Sin embargo, el reemplazo completo de la Carta Fundamental supone reconocer que estamos frente a una nueva realidad social distinta de aquélla que inspiró la Constitución precedente, como ocurrió en el año 1925 cuando, bajo el liderazgo del Presidente Arturo Alessandri, se buscó poner término al parlamentarismo de facto que venía caracterizando a nuestro sistema político. No se cuestionaron aspectos fundamentales de la tradición republicana que ya habíamos venido desarrollando como el modelo de Estado unitario y la forma representativa de gobierno, aunque sí se consagró la separación de la Iglesia frente al Estado.

La pregunta que podemos formularnos, entonces, es si frente a quienes insisten en promover el cambio completo de la Constitución, estamos dispuestos a poner en tela de juicio las bases institucionales que han logrado definir nuestra identidad constitucional cuando el pueblo chileno, en forma contundente, rechazó tal opción en los plebiscitos de 2022 y 2023.

Así, mientras esas voces insisten en sus planteamientos extemporáneos, la Constitución se sigue adecuando paulatinamente a las nuevas realidades como lo demuestran las reformas constitucionales en materia de sufragio de extranjeros (2025) e incorporación de Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (2026). Próximamente vendrán reformas constitucionales en materia de seguridad y gobierno judicial que esperamos contribuyan a actualizar nuestra Carta Fundamental sin refundar las bases mismas de nuestra convivencia.

Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional, UDD