Durante décadas, la política de infancia en Chile operó bajo una lógica reactiva. Hoy, con la instalación en casi la totalidad de comunas del país, las Oficinas Locales de la Niñez (OLN) tienen una oportunidad histórica de invertir esa lógica. Esta nueva institucionalidad reconoce a los niños/as como sujetos de derecho, con voz propia, con una familia y una comunidad que deben ser fortalecidas, este es un cambio de paradigma en cómo enfrentamos la protección. La evidencia ha sido clara, mientras más tarde llega la intervención del Estado en la vida de un niño que atraviesa situaciones complejas, más costosa, más lenta y menos efectiva resulta. Un sistema que promueve derechos desde la primera infancia, que previene vulneraciones antes de que escalen y que activa alertas tempranas ante las primeras señales de una situación compleja, permite intervenir cuando el daño es menor y las posibilidades de revertirlo son mayores.

La investigación en infancia, desarrollo y criminología ha mostrado de manera consistente que las trayectorias de vida no se definen por un único evento, sino por la acumulación de experiencias, oportunidades y vulneraciones a lo largo del tiempo. Las dificultades rara vez aparecen de manera abrupta, si no que suelen comenzar con señales tempranas, como ausentismo escolar, problemas de salud mental, violencia intrafamiliar, negligencia, aislamiento social o exposición a contextos violentos, que, cuando no son detectadas ni abordadas oportunamente, pueden reforzarse entre sí y dar origen a trayectorias cada vez más complejas. La lógica reactiva, basada en responder únicamente frente a eventos críticos, resulta insuficiente para enfrentar procesos donde el riesgo se construye de manera gradual, acumulativa y muchas veces silenciosa. Una intervención temprana y sostenida puede modificar ese curso, fortaleciendo los factores de protección y reduciendo la probabilidad de que las vulneraciones se profundicen.

Es precisamente para enfrentar estos desafíos que las OLN fueron diseñadas, como puerta de entrada de la red de protección integral, buscan identificar tempranamente situaciones de vulneración, garantizar el acceso oportuno a derechos y brindar atención a los niños/as, adolescentes y sus familias cuando así lo requieran. A ello se suma su capacidad para articular la oferta local, coordinando respuestas integrales adaptadas a las necesidades de cada territorio, así como promover la participación de menores de edad en las decisiones que les afectan. Las OLN poseen el potencial de integrar y dar continuidad a la información sobre las trayectorias de desarrollo de niños/as y adolescentes, evitando que cada institución intervenga de manera aislada y con un conocimiento parcial de su historia. Contar con información articulada y oportuna no solo mejora la atención de cada caso, sino que constituye una herramienta fundamental para comprender las necesidades de la infancia y orientar decisiones de política pública basadas en evidencia.

Finalmente contamos con una arquitectura institucional que entiende que proteger a la infancia es construir desde el territorio y desde la primera señal de alerta, las condiciones para que cada niño/a y adolescente pueda desarrollarse con dignidad. Consolidar las OLN, con financiamiento adecuado, articulación intersectorial, entre otros, no es una tarea más de la agenda social, es la base sobre la que se sostiene, o se derrumba, toda la promesa de protección integral que como sociedad le hicimos a la niñez.

Por Paula Correa, Matilde Elton y Francisca González, investigadoras Centro UC Justicia y Sociedad