SEÑOR DIRECTOR:

Con las leyes vigentes, el gobierno, el Congreso, policías y tribunales deben ayudar a desarticular, desarmar y encarcelar las guerrillas indígenas, los narcoterroristas, el crimen organizado y a delincuentes habituales.

Solo entonces se podría pensar en reducir el acceso a armarse del ciudadano común. ¿Por qué desarmar primero al ciudadano honesto, que solo protege su vida, la de su familia y sus bienes?

Carlos Bonora