Cada año, el gobierno debe proponer al Congreso una ley de presupuestos que, además de satisfacer las demandas del país, constituya un buen indicador de los énfasis de cada administración. La semana pasada, la actual administración presentó su segundo proyecto presupuestario, correspondiente al ejercicio 2020. Las áreas de Educación, Salud y Trabajo concentran el 61,5% del total del erario nacional para el próximo año, mientras Deportes, Medio Ambiente y Obras Públicas se anotan como las áreas que recibirán un mayor incremento de gasto en relación a 2019.

El gobierno sorteó bien las presiones por abandonar la regla fiscal y el entusiasmo previo para aumentar el tamaño del Estado. El crecimiento real proyectado para el gasto público será de 3% en 2020, que de concretarse sería el menor incremento real desde 2003.

Pero hay un elemento adicional que hacía más fuerte la presión presupuestaria a la administración actual. El próximo año hay elecciones municipales y de gobernadores regionales, por lo que podría haber existido una tentación política para aprovechar las arcas fiscales buscando destacar los avances del gobierno. Es sintomático que desde el regreso de la democracia el gasto público real ha crecido en promedio 5,6% en años no electorales y 6,5% en años electorales. De hecho, el crecimiento esperado para el próximo año es el segundo menor en toda la serie de años con elecciones, solo superando al del año 2000, cuando el gasto tuvo un incremento real de 2%, explicado en buena medida por el excesivo aumento en los ejercicios previos producto de la crisis asiática.

Ha existido controversia sobre si es prudente que el gobierno haya incorporado ingresos de algunas partidas de la reforma tributaria que aún se encuentra en discusión en el Congreso. Más allá que la argumentación de la autoridad económica ha sido justificar su inclusión, asimilando su tratamiento al que han recibido en el pasado los gastos comprometidos que se mantienen en discusión, probablemente hubiera sido preferible no haberlos considerado, sobre todo teniendo en cuenta que su envergadura -US$ 390 millones- era menor en relación con los ingresos totales.

Sin embargo, el presupuesto 2020 es una buena señal macroeconómica que resuelve bien el dilema que enfrentaba la actual administración. Por un lado, el aumento del gasto es prudente y se ajusta a los parámetros entregados por los expertos consultados por Hacienda; asimismo, es consistente con la regla fiscal de la actual administración -que busca reducir el déficit estructural en 0,2% del PIB cada año hasta converger a 1% del PIB el año 2022- y es suficientemente alto para impedir que la desaceleración económica siga profundizándose.

Estos esfuerzos combinados entre una política fiscal prudente, pero expansiva en relación al margen de acción, y una política monetaria que ha reaccionado con fuerza ante la desaceleración de la demanda interna son un buen piso de acción de cara al próximo año. Si el escenario internacional acompaña, es muy probable que la actividad económica comience a converger al crecimiento potencial.

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