Daniel Matamala se pregunta quién gana cuando gana Quiroz. La pregunta es legítima, pero la premisa que la sostiene, no. El argumento descansa sobre la idea de que la economía es un juego de suma cero, donde lo que unos ganan necesariamente lo pierden otros. Esa premisa está equivocada, y conviene decir por qué, ya que es la misma que actualmente está empobreciendo el debate laboral.

La economía no es una torta fija que se reparte: se agranda o se achica según las decisiones de millones de personas de invertir, contratar, emprender y trabajar. Cuando crece, se expande el empleo formal, suben los salarios reales y aumenta la recaudación que financia el gasto social. No es teoría: es la experiencia chilena. Osvaldo Larrañaga estimó que cerca del 80% de la histórica caída de la pobreza en Chile se explicó por crecimiento económico y solo el 20% por redistribución. La incidencia de los impuestos corporativos tampoco es la que sugiere la caricatura: de hecho, la evidencia empírica muestra que aproximadamente la mitad de la carga de estos impuestos recae sobre los trabajadores a través de menores salarios, especialmente sobre aquellos menos calificados, jóvenes y mujeres (Fuest, Peichl y Siegloch, 2018). Así, quienes celebran impuestos altos a las empresas como un triunfo, están celebrando, sin saberlo, un impuesto parcial al salario.

Además, se presenta como escandaloso que a los titulares de grandes proyectos les vaya bien con la reforma. Pero fomentar la inversión exige, precisamente, que a quienes invierten les resulte rentable hacerlo aquí y no en otra parte. ¿Y quiénes son los titulares de los grandes proyectos? Personas y empresas con alto patrimonio, ya que son quienes pueden comprometer cientos de millones de dólares a veinte o treinta años plazo. Objetar una política de inversión porque beneficia a quienes tienen capital es como objetar una política exportadora porque beneficia a quienes exportan. La alternativa es que no haya faena, no se creen empleos, no se contraten proveedores, ni se cobren nuevos impuestos. El capital tiene pasaporte, es decir, se puede invertir en otros lados, mientras que los trabajadores enfrentan altos costos para desplazarse a lugares con mejores oportunidades.

Por su parte, el Partido Comunista ha calificado las propuestas de flexibilidad laboral como una agenda de precarización. Sin embargo, la evidencia muestra que se puede reducir la jornada laboral sin dañar el empleo en la medida en que se incorpore mayor flexibilidad, como lo hicieron Francia y Portugal, que combinaron ambas medidas y mitigaron el efecto en el empleo (Estevão y Sá, 2008; Raposo y van Ours, 2010). Además, en los países que permiten promediar la jornada en períodos más largos, las horas usuales del trabajador mediano se mantienen en o bajo el límite legal (OCDE, 2021). Es decir, la flexibilidad en el cálculo no se ha traducido en jornadas efectivas más largas en los hechos.

Reitero que el presentar toda rebaja de impuestos como un regalo a los ricos que perjudica a los pobres es equivalente a cuando se califica de “precarización” cualquier flexibilidad laboral. En ambos casos opera la misma lógica equivocada de suma cero. Claramente, la flexibilidad es buena para el empleador y la rebaja tributaria para el inversionista, pero ambas reformas bien hechas son también muy positivas para los trabajadores. Quienes pierden cuando no hay inversión no son los dueños de grandes fortunas, que pueden invertir afuera y lo hacen. Pierden los que dependen de que alguien invierta aquí, es decir, los desempleados, los informales, las mujeres y los jóvenes.

¿Quién gana cuando gana Quiroz? Se pregunta el columnista, pero la pregunta más urgente es otra ¿quién pierde cuando Chile no crece? Los mismos de siempre: los que no tienen patrimonio afuera ni, cada vez más, empleo formal adentro. Esa es la pregunta que la caricatura, una vez más, prefiere evitar.

*La autora de columna es directora de evidencia de Pivotes