Royalty

minería



Por Rolf Lüders, economista

El proyecto del cobro de un impuesto sobre las ventas de cobre y litio sigue avanzando en el Congreso. Se trata de un nuevo royalty que afectaría a las correspondientes industrias, en adición a los tributos especiales que ya cancelan. La tramitación del mencionado proyecto de ley ha adquirido impulso, probablemente por la necesidad de encontrar fuentes de financiamiento para el aumento del gasto social y por el reciente y significativo aumento del precio del cobre.

Existen al menos tres argumentos a favor de una tributación especial a la minería: la conveniencia de apoderarse de las rentas monopólicas que pudiera tener el país en ese sector, la existencia de yacimientos mineros con leyes de mineral superiores a las de los productores extranjeros, y el aumento (abusivo) de la tributación a actividades que hicieron cuantiosas inversiones fijas o hundidas.

Al respecto, a raíz de la Guerra del Pacífico, Chile tuvo por algún tiempo y en la práctica un importante poder monopólico en el mercado de los nitratos. El país capturó las rentas correspondientes mediante un impuesto óptimo a las exportaciones de salitre (Wagner y Lüders, 2003). Sin embargo, no rebajó el nivel de dicho tributo a medida que fue perdiendo el mencionado poder, lo que contribuyó decisivamente al desarrollo de los sustitutos sintéticos, a la contracción relativa del rubro en Chile, y a las correspondientes pérdidas de ingreso del país.

En el caso del cobre, después de la Gran Depresión, Chile utilizó el sistema cambiario diferenciado para gravar crecientemente las exportaciones de la Gran Minería. Si bien algún grado de tributación al sector se puede haber justificado inicialmente, éste eventualmente llegó a ser excesivo. Es más, la correspondiente caída de la inversión minera privada seguramente contribuyó a causar la nacionalización del cobre y agravó la conflictividad política de la época.

Chile no tiene poder monopólico en los mercados del cobre, ni la calidad de sus minerales es de tal naturaleza que le permita extraer convenientemente mayores rentas. Tampoco tenemos una política de desarrollo industrial que castigue la extracción y comercialización de minerales con el objetivo de desarrollar otros mercados.

Es decir, se le estaría imponiendo un nuevo tributo a las actividades de una parte de la economía que ha invertido cuantiosos capitales fijos y que ha tomado enormes riesgos, simplemente porque dichos recursos se encuentran hundidos y porque el sector tiene en el presente importantes utilidades. Estas rentas, sin embargo, se pueden disipar de un momento a otro, como consecuencia de la alta volatilidad del precio del cobre. Si ello ocurriese, ¿se rebajarán o eliminarán los tributos que ahora se quieren imponer? En el pasado eso no ocurrió y las consecuencias no fueron menores.

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