SEÑOR DIRECTOR:

Es impresionante la cifra entregada por el director del Servicio Nacional de Migraciones respecto a la cantidad de expulsiones administrativas efectuadas en 2021: solo 31. De 2.000 expulsiones firmadas por el Servicio, la PDI pudo materializar menos del 2%. Una de las causas sería el engorroso procedimiento de expulsión establecido en la nueva Ley de Migración y Extranjería, así como el acotado plazo que entrega para, una vez detenida la persona, poder efectuarla.

Cabe recordar que aunque se había logrado un acuerdo a nivel parlamentario para ampliar ese plazo a 72 horas en la discusión de la referida ley, a raíz de un requerimiento presentado por el mismo grupo que hoy gobierna nuestro país, el Tribunal Constitucional consideró que debía ajustarse al constitucional, de 48 horas, lo que, en la práctica, imposibilita que la medida se materialice en forma exitosa en muchos casos. Por ello es una buena noticia que el Senado haya aprobado casi unánimemente, en primer trámite, la reforma constitucional para que el plazo de 48 horas no sea considerado, delegando a la ley el establecimiento de un plazo máximo, el que no podrá exceder de cinco días corridos.

Se espera que con esta reforma, junto a otras iniciativas de ley que se encuentran en tramitación y la esperada dictación de la Política Nacional de Migración y Extranjería, aumente la efectividad del control migratorio y así refrenar la crisis que se está viviendoen nuestro país, especialmente en la zona norte.

María Trinidad Schleyer

Libertad y Desarrollo