Fueron muchas las voces que se alzaron para oponerse a la propuesta gubernamental que planteaba crear un Sistema de Protección al Trabajador Cesante, que en 2001 se transformó en el Seguro de Cesantía de la ley 19.728.

Detractores por doquier manifestaron durante su tramitación que el proyecto aumentaría los costos laborales, afectando gravemente el empleo y el crecimiento. También se criticaba injustamente que desnaturalizaría la histórica conquista de los trabajadores respecto a las indemnizaciones por años de servicios. Expresiones claves de la iniciativa, tales como Fondo Solidario, administrador mono operador, Consejo Tripartito de Supervisión, eran descalificadas por ideológicas o portadoras de futuras ineficiencias.

Promulgada como ley por el Presidente Ricardo Lagos, siendo los suscritos a la sazón Ministro del Trabajo y asesor legislativo de dicha cartera, estamos convencidos de su valor como herramienta útil para morigerar el tremendo impacto que la crisis sanitaria ha tenido en los trabajadores, el empleo y los ingresos familiares. Probablemente muchos de los que ayer se opusieron, hoy utilizan activamente este instrumento.

Veinte años después, vale la pena destacar que este seguro permitió definitivamente que una parte significativa de las indemnizaciones que debe pagar el empleador al término de la relación, esté provista ya en una cuenta del trabajador, que, adicionalmente, se transformara en un beneficio a todo evento. Esto permite que el mediano y pequeño empleador vea reducido el impacto de las indemnizaciones por término de contrato en su flujo de caja, al haber abonado en el tiempo en dicha cuenta una parte de ellas.

Tras un largo y fructífero periodo de creación de empleos, el Seguro de Cesantía creció durante 20 años, acumulando recursos que le dieron fortalezas para encarar esta coyuntura. Datos oficiales de la Superintendencia de Pensiones revelan que a marzo de 2020 las Cuentas Individuales de Cesantía acumulaban US$ 7.484 millones, mientras que el Fondo de Cesantía Solidario tenía ahorros por US$ 3.677 millones.

El Seguro de Cesantía se ha transformado en una piedra angular en materia de protección laboral. De su debate pasado es posible sacar lecciones constructivas para las políticas de hoy: solidaridad entre los potenciales beneficiarios, un operador administrativo único para bajar costos, autofinanciamiento verificable y sostenible en el tiempo.

Las políticas públicas valiosas se construyen de generación en generación y cada avance va haciendo posible el siguiente. Se requiere voluntad y certeza respecto del horizonte.

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