En ningún caso puede ser la normalidad de un establecimiento que a sus estudiantes se les solicite carnet de identidad, sus mochilas sean objeto de revisión y fuerzas especiales de Carabineros se aposten a la entrada o en los techos del establecimiento para impedir la acción de encapuchados. Lamentablemente esa es ahora la realidad del Instituto Nacional (IN), preso de una acción vandálica sin precedentes. Dichas medidas resultan en esta fase necesarias para efectos de tratar de controlar la situación, pero deberían ser entendidas como transitorias, siendo indispensable abordar una solución integral antes de que el daño sea irreversible. Cerrar definitivamente el Instituto, o decretar un cierre anticipado del año escolar -como era la intención de algunas autoridades-, implicaría reconocer un doblegamiento de la institucionalidad, lo que un estado de derecho no puede consentir.

Una lección que el país debe internalizar es que una vez que se permite que la violencia y la pérdida de autoridad se naturalicen, revertir ese cuadro resulta muy difícil, pues ello va generando a su vez una espiral de más violencia, que oportunistamente es aprovechado por sectores recalcitrantes que encuentran en ese ambiente su forma de expresión. Por ello resultaría esencial que desde los propios alumnos del Instituto hubiera señales inequívocas de repudio al violentismo; lamentablemente no ha sido así, al punto que la quema de un histórico estandarte no generó la indignación que se habría esperado, quizás una señal de lo poco que ya parece importar a esta generación de institutanos la rica tradición de este liceo.

Las familias del Instituto Nacional también deben hacer una autocrítica, pues los padres y apoderados no han logrado mostrar una voz única en este conflicto, enviando señales muy equívocas. La existencia de tres directivas no debería ser justificativo para consensuar un total rechazo a la violencia y un apoyo a las medidas de la autoridad para intentar poner orden. Las escenas de apoderados golpeados por encapuchados deberían ser motivo suficiente para dejar de lado cualquier diferencia y formar un frente común en defensa del liceo y el derecho de sus hijos a estudiar en un ambiente seguro.

El vandalismo sin control y la pérdida de clases deben hacer tomar conciencia sobre la importancia de recobrar y hacer respetar el orden público, como condición indispensable para empezar a transitar hacia una normalización. En tal sentido, la autoridad de Carabineros no puede seguir siendo socavada o relativizada -como lamentablemente se ha visto tantas veces-, porque al ser la institución llamada a hacer efectivo el orden público, en la medida que no encuentre el respaldo suficiente para actuar es la sociedad la que pierde como un todo.

Una entidad que llama la atención por su ausencia en toda esta crisis es el Ministerio Público. La alarmante impunidad con que operan encapuchados no solo en el IN, sino también en otros liceos emblemáticos de la comuna de Santiago, lleva a cuestionarse si la entidad que tiene el monopolio de la acción penal está actuando con el celo debido. Siendo una jurisdicción a cargo de la Fiscalía Centro Norte, esta es la que debería liderar una activa persecución en contra del violentismo.