La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto que propone cambios a la legítima defensa y que fija una excepción para aplicar prisión preventiva a personas que repelan un robo con fuerza mientras se investigan los hechos. La moción fue remitida al Senado para su segundo trámite.

El proyecto presentado por diputados de la bancada republicana buscaba modificar diversas normas en materia de legítima defensa, para hacerse cargo de “una agresión ilegítima actual e inminente”. Para lo anterior, permitía quedar exentos de responsabilidad penal por el uso de armas de fuego debidamente inscritas.

No obstante, por su paso en segundo informe por la Comisión de Constitución se rechazó esta línea de normas, lo cual ratificó la Sala por 122 votos en contra y ocho abstenciones. Pero en reemplazo, la Cámara respaldó por 70 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, fijar una excepción en el Código Procesal Penal en relación a la aplicación de prisión preventiva. Así, dispone que esta no se podrá decretar para la persona que hubiere repelido un robo con escalamiento. Es decir, un robo con fuerza a partir del ingreso al lugar habitado por un forado, rompimiento de pared o techos, o fractura de puertas o ventanas.

Derecho a defensa y sin sustento jurídico

En la discusión en Sala, a favor del proyecto intervinieron los diputados Miguel Ángel Becker, Cristián Araya, Hotuiti Teao, Bernardo Berger, Daniel Lilayu, Chiara Barchiesi, Luis Sánchez y Andrés Longton, entre otros. Todos manifestaron que el derecho a defenderse es parte inherente de la justicia y en ningún caso un privilegio.

Asimismo, manifestaron que hoy el Estado no garantiza la seguridad y que las familias tienen derecho a defenderse frente al aumento de hechos delictuales. Por lo mismo, el proyecto buscar otorgar garantías a las víctimas y que estas no deban enfrentar un castigo por defender su hogar, como ha ocurrido en algunos casos.

En tanto, entre los detractores del proyecto expusieron los parlamentarios Raúl Leiva, Marcos Ilabaca, Lorena Pizarro y Marcela Riquelme, entre otros, y sostuvieron que la propuesta legal no tendría sustento ni viabilidad jurídica ya que el supuesto está contenido en la ley vigente que regula le legítima defensa privilegiada. Además, rompería criterios de procedimiento.

A su vez, se postuló que no existen pruebas respecto a que permitir el uso de armas para defenderse o tomar la justicia por su mano sea un camino eficaz para reducir la delincuencia.