Christopher White sintió de pronto que no podía respirar y un fuerte dolor de pecho lo invadió, mientras su pulso cardíaco se disparaba por sobre lo normal para un hombre de 41 años. Era evidente que algo no andaba bien.

Por fortuna, el martes 1 en la mañana, al momento de sufrir la descompensación, el alcalde de San Bernardo no se encontraba solo. Su jefe de gabinete fue el primero en auxiliarlo y dar la alerta al resto del entorno más cercano al edil, quienes lo convencieron de partir de inmediato a la Clínica Indisa de Maipú para controlar su estado de salud y descartar una afección distinta a la de una taquicardia debido a la ansiedad, miedo y estrés que siente una persona a la que le advierten que hay un plan en marcha para asesinarlo antes del 17 de septiembre próximo.

El lunes 31 en la tarde, el fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Marco Pastén, lo había llamado para pedirle una reunión urgente.

A las 16 horas, ambos se juntaron en la Fiscalía Local de San Bernardo. La conversación fue breve. Sin muchos detalles, Pastén le contó que en el marco de una investigación que estaba en curso habían obtenido una escucha telefónica en la que se mencionaba que podría haber un atentado en su contra para dar una señal pública a aquellas autoridades que estaban dando la pelea en contra de grupos del crimen organizado. El fiscal también le dijo que le entregarían mayor protección policial y que avisara en su casa que habría más movimiento en los alrededores.

White no le tomó de inmediato el peso a la situación. En los últimos años ha recibido seis o siete amenazas por redes sociales, llamados telefónicos, incluso, lo habían amenazado de muerte a través de una carta anónima que llegó en agosto del año pasado a la municipalidad. Desde entonces, tenía un escolta de Carabineros asignado a su protección. No es el único edil en esa situación. En los últimos años ya suman 55 los alcaldes de distintas comunas del país que han recibido amenazas serias.

Pero ahora era diferente. Se trataba de un plan concreto para ejecutarlo, detectado en medio de una investigación judicial. Sólo horas más tarde, ya en su hogar, se le vino el mundo encima.

Esa noche, cuando White les contaba a su esposa e hijos lo que le había dicho el fiscal respecto de que reforzarían sus medidas de seguridad, vieron por televisión la noticia de la detención de Juan Flores Valenzuela, más conocido como el “Indio Juan”, un condenado a cadena perpetua por femicidio que había huido el 25 de febrero pasado desde la ex Penitenciaría disfrazado de gendarme y sus vínculos con el plan para asesinar al edil.

El grupo del “Indio Juan” llevaba meses siguiendo los movimientos del alcalde y sus rutinas. No sólo White estaba en riesgo. Así se lo enrostraron sus familiares. “Me mandaron a la punta del cerro, me dicen ‘oye, están atentando contra tu vida, y por mucha investigación esto no sólo te pone en riesgo a ti, también a tu familia, a tus funcionarios, a toda la gente que te rodea. Tú estás todo el día con la comunidad, visitando lugares, siempre estás con gente a tu lado’”, relataría después el edil.

La misma noche del lunes, White llamó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para “pedirle auxilio”. Con el ministro habían estado conversando dos semanas antes, revisando detalles de la intervención que haría el gobierno de Kast en San Bernardo, una de las 50 comunas prioritarias en materia de seguridad contempladas en el “Plan Escudo de Barrio” anunciado por el gobierno. Habían visto los polígonos que se incluirían en la comuna y las medios adicionales que se dispondrían.

White había estado dispuesto a ir más allá de las directrices de su partido (el PS) para pedir dos veces, la primera en 2024 y la segunda este año, poco después de asumir Kast en La Moneda, la salida de militares a las calles para que colaboraran en tareas de seguridad. Por lo mismo, esperaba apoyo de Arrau en una situación tan angustiante.

Sin embargo, tras hablar con Arrau quedó decepcionado. El ministro le dijo que “bajara un poco la intensidad del trabajo que estaban realizando en la comuna”, relató White, al reconocer que había sentido que lo habían dejado solo.

Días después, Arrau enmendaría las cosas. Visitó personalmente a White. Ahora contaría con tres escoltas de la PDI, las 24 horas del día, además de otras medidas accesorias de seguridad. Y el propio Presidente Kast fue a verlo a San Bernardo para remarcar la preocupación del gobierno frente a este tema.

Atando hilos

White necesitó un día para volver a poner las cosas en orden y retomar su trabajo. “Hay una frase que siempre nos ha dicho: algún día dejaré de ser alcalde, pero voy a seguir viviendo en San Bernardo y no podemos dejar que la comuna quede en manos de las bandas criminales”, señala un miembro de su equipo.

También comenzó junto a su entorno a atar cabos para entender la trama del complot en su contra. El “Indio Juan” no era alguien que estuviera en el radar del municipio.

Fueron algunos vecinos los primeros en darles algunas alertas. Según relataron, el “Indio Juan” había estado directamente involucrado en las mafias que vendían y arrendaban ilegalmente espacios en la calle Eyzaguirre, a un costado de la Plaza de San Bernardo, para que se instalara el comercio ambulante desde octubre hasta después de la fiesta de Navidad.

Se trató de la primera gran batalla que dio White a inicios del 2022, pocos meses después de asumir su primer periodo en la alcaldía, y puso como prioridad ordenar una comuna que por su población -más de 306.000 habitantes- es la séptima más populosa de Chile y que, pese a sus tasas de criminalidad por sobre el promedio de la Región Metropolitana -tanto en robos violentos como homicidios-, tiene una dotación de carabineros de uno por cada 2.300 habitantes. Una cifra pequeña para un territorio de 155 kilómetros cuadrados. Peor aún, según datos del municipio, el índice de cobertura policial de la comuna, es decir, el número de casos denunciados que registran atención de las policías, ha ido disminuyendo drásticamente. Si en 2024 de cada 100 denuncias la policía llegaba a atender 50, hoy sólo lo hace en 37.

La batalla contra las mafias de los toldos azules, recuerda María Novoa, actual jefa de Seguridad de San Bernardo, se tradujo en “verdaderas peleas campales” que se prolongaron por varios meses. Las mafias se enfrentaban con palos y armas blancas contra los funcionarios municipales que llegaban a retirar los toldos de la calle. “Incluso, después iban a la municipalidad a apedrear los vidrios del edificio”, relata.

Después vendrían las peleas por recuperar plazas y sitios eriazos tomados por los rucos, terminar con los “machetazos” a menores de edad y un plan de acción específico contra el crimen organizado, la destrucción de “narcoanimitas” y de murales que recordaban a miembros de bandas narcotraficantes y de las barras bravas, o las incursiones contra casas de seguridad del crimen organizado, en una de las cuales encontraron más de 20 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando listas para su comercialización.

A eso se sumó la recuperación de casas tomadas por bandas narcotraficantes, específicamente en las poblaciones Santa Rosa de Lima y San Esteban. Hace sólo dos semanas, el alcalde lanzó junto a las policías una operación para sacar 50 cámaras de televigilancia que habían puesto bandas narcotraficantes en la población San Esteban para protegerse de las incursiones policiales, pero también de otras organizaciones criminales que les disputan el territorio.

Precisamente, en los últimos meses, señalan en la Municipalidad de San Bernardo, habían recrudecido las confrontaciones armadas entre bandas rivales por el control de estas poblaciones. Una pelea que nuevamente los enlaza con la historia del “Indio Juan”, quien, según indicios de las policías, buscaba hacerse del poder desplazando a las bandas familiares que controlan el narcotráfico en esas zonas de San Bernardo y otras del área surponiente de Santiago.

La batalla de White en materia de seguridad no sólo era hacia el interior de su comuna. En el PS varios personeros reconocen que a veces la insistencia de White por actuar con mano dura frente a la delincuencia y el crimen organizado generaba cierta incomodidad. “Algunos le decían que si buscaba convertirse en el próximo díscolo del partido”, recuerdan.

El 15 de agosto de 2024 el alcalde llegó hasta La Moneda. En sus manos llevaba una carta y los restos de una bala, la misma que había atravesado la noche anterior el techo de la vivienda de sus padres y había caído a sólo unos metros de donde ellos dormían.

El efecto de la misiva fue menor. Al menos recibió un pequeño refuerzo en la dotación policial de la comuna.

Tampoco tuvo éxito cuando en medio de la pasada campaña presidencial llegó hasta el comando de la candidata del entonces oficialismo, Jeannette Jara, con una extensa propuesta de seguridad ciudadana, en la que interpelaba a la izquierda a hacerse cargo en forma prioritaria de la seguridad.

Hace dos semanas, mientras se planeaba el atentado en su contra, White llevó un documento a la Conferencia Nacional Programática del PS, en su calidad de miembro de la comisión de seguridad del partido, pero también de la comisión política y del comité central, como representante del lote de las Grandes Alamedas. Era su aporte para la construcción de “una izquierda desde la realidad”, donde pide a su sector hacer una fuerte autocrítica por la forma en que aborda el tema de la seguridad pública.

“Debemos asumir que nuestro sector no estuvo a la altura de la velocidad ni de la profundidad con que cambió la inseguridad. Mientras la delincuencia adquiría mayor organización, violencia y capacidad de control territorial, parte importante de nuestro discurso continuó anclada en diagnósticos que ya no bastaban para comprender el fenómeno ni para ofrecer protección efectiva”, planteó.

La autocrítica también arreció contra la gestión en seguridad en los últimos gobiernos progresistas. “Durante años administramos programas fragmentados, de corta duración y con evaluaciones insuficientes; permitimos que la capacidad de protección dependiera de los recursos de cada municipio; legislamos frecuentemente bajo la presión de la contingencia, y no logramos la coordinación permanente entre policías, fiscalías, servicios sociales, gobiernos regionales y municipios”, dice, y sentencia: “Nuestro sector gobernó, tomó decisiones y definió prioridades; por ello, debe reconocer que en materia de seguridad también llegó tarde”.

Asimismo, exigió a la izquierda decir con la misma claridad con la que se defienden derechos “qué se hará para detener a los que ejercen violencia, proteger a las víctimas, recuperar un territorio o impedir que una organización criminal continúe operando”.