Comisión investigadora sobre beneficios intrapenitenciarios: contralor explicó dictamen sobre traslado a presos de Angol

Desde las 15.00 horas de este lunes sesionó la comisión especial investigadora de la Cámara de DIputados respecto a las decisiones de Gendarmería sobre permisos de salida y demás beneficios intrapenitenciarios, con la finalidad de recibir al contralor general de la República, Jorge Bermúdez.

La instancia tiene hasta el 12 de diciembre para evacuar su informe.

La sesión con Bermúdez se dio luego de conocerse el dictamen de la Contraloría que objetó la resolución exenta de la institución penitenciaria que otorgó permisos y traslados de comuneros mapuche que se encontraban en huelga de hambre en Angol en agosto de este año.

Conocido el dictamen del órgano fiscalizador, el integrante de la comisión investigadora del tema y jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, ofició a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, para que se revirtieran los beneficios a los presos mapuche de Angol.

La ministra en abril había dado explicaciones al Congreso en una sesión especial por la Macrozona Sur, tras la ola de críticas que surgieron desde la oposición por la salida dominical y trimestral que el Consejo Técnico de Gendarmería otorgó a los condenados por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel.

“Gendarmería de Chile tiene a su cargo el trabajo que regula los beneficios independiente de las autoridades de turno”, señaló la autoridad ministerial en esa oportunidad.

En su exposición ante los legisladores este lunes, el contralor Bermúdez explicó el dictamen emitido sobre Angol, indicando que había “un problema de regularidad” de la resolución de Gendarmería, pese a que “está dentro del marco” de las atribuciones que tenía el organismo.

“En en el caso en particular y respecto de un supuesto para un beneficio, ahí la resolución no se ajustó, como dice el dictamen, a lo que estaba establecido en el reglamento”, expuso Bermúdez, indicando que se hizo un análisis jurídico de la determinación sin que se haya entrado a una calificación de los hechos.

La autoridad del órgano contralor insistió en que el análisis que hicieron fue de “jerarquía normativa”.

“Estamos llenos de actos administrativos que han producido efecto y que podríamos categorizar como irregulares”, comentó, agregando que “hay muchos actos que no obstante haber adolecido algún vicio siguen vigentes”.

El diputado Leonardo Soto, presidente de la comisión, expresó que la instancia abordó “un problema muy complejo”.

“Tan complejo que creo yo que no tiene que tomarse con una mirada partidaria”, advirtió el legislador oficialista, señalando que desde el Ejecutivo le habían dado garantías de que las disposiciones del dictamen serían “acogidas plenamente”.