Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jorge Alessandri, Daniel Lilayu y Flor Weisse solicitaron al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, que investigue el caso de Bernarda Vera para aclarar si existe algún tipo de fraude respecto a dineros otorgados por el Estado.

Los diputados entregaron a Letelier la mañana de este martes una carta en la que manifiestan a nombre de la bancada gremialista la necesidad de abordar las interrogantes respecto a “los eventuales beneficios pecuniarios que estaría recibiendo la familia” de Vera.

Según lo informado desde el Ejecutivo a propósito del caso, la hija de Vera es beneficiaria de una pensión cuyo pago se extendió más allá de su mayoría de edad en razón de una discapacidad.

De acuerdo a un reportaje de Chilevisión, Vera estaría viva y residiendo en Argentina.

“De comprobarse la veracidad de los antecedentes, estaríamos ante un hecho de la máxima gravedad, no sólo por su connotación política, sino que también por las eventuales implicancias penales y patrimoniales que podrían derivarse. Lo anterior, toda vez que los beneficios en cuestión fueron otorgados en virtud del principio de buena fe y la confianza depositada en los testimonios, que no requerían de una verificación exhaustiva”, advirtieron los legisladores de oposición en su carta al CDE.

En esa línea, los diputados piden al CDE “determinar si los beneficios otorgados en este caso fueron obtenidos de manera fraudulenta o sin causa legítima”.

Impulsan una comisión investigadora

Flor Weisse recalcó que su interés es proteger recursos económicos con los que hay que ser “cuidadosos”, por lo que también evalúan impulsar una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.

“Estamos iniciando también la búsqueda de las firmas para llegar a un momento que sea el más oportuno para poder iniciar”, comentó.

El diputado Lilayu, a su vez, planteó que “mientras muchos adultos mayores no pueden comprar sus medicamentos o los hospitales carecen de recursos, es inaceptable que se sigan pagando beneficios sin justificación”.

“Aquí se está engañando al Estado. Aunque sean pocos recursos, pero aquí hay una señal potente que estamos dando para que se recuperen estos recursos. Los chilenos demandan que haya claridad”, advirtió.

Alessandri, en tanto, señaló que se espera reunir con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y su antecesor en el cargo, Luis Cordero, para que entreguen mayores detalles de cómo conocieron la situación.

“La pelota de nieve va creciendo porque justifican a nuestro juicio lo injustificable, que se te pague sin tener causa legal con plata de todos los chilenos”, sostuvo.

El diputado dijo que “desde hoy hay un asunto abierto en el Consejo de Defensa del Estado por el tema de Bernarda Vera”.

“Se ha iniciado una carpeta de investigación y el organismo informará por oficio a la Cámara de Diputados qué acciones tomará”, explicó

El caso de Bernarda Vera

Se presumía que la militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) fue ejecutada en octubre de 1973 en la localidad de Neltume, en Panguipulli, Región de Los Ríos. Vera, conocida en clandestinidad con la chapa de “Anita”, es una de las 1.469 personas en la nómina de detenidos desaparecidos del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación que encabezó Raúl Rettig.

Ante gestiones hechas por Cancillería, a solicitud del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en mayo de este año, la oficina de migraciones de Suecia informó que el país europeo otorgó la nacionalidad sueca a una persona chilena con el mismo en calidad de refugiada. Esa mujer está actualmente residiendo en Mar de Plata, Argentina.

Desde el gobierno han dicho que no hay certeza de que sea la militante del MIR que figura como desaparecida.