Gobierno tras solicitud de la fiscalía de 25 años de cárcel contra Héctor Llaitul: “Mientras las instituciones avancen siempre es bueno para una democracia”

Foto: Mario Téllez / La Tercera.

La vocera de gobierno, Camila Vallejo abordó la acusación que presentó el ente persecutor en contra del líder de la CAM, a quien se le imputan los delitos de incitación y apología a la violencia de la Ley de Seguridad del Estado, hurto simple, atentado contra la autoridad y usurpación.


El viernes, la Fiscalía regional de La Araucanía entregó detalles de la acusación que presentó contra el histórico líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien fue detenido en agosto por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una indagación por delitos que se habrían cometido entre 2021 y 2022.

En la acusación -presentada en un escrito de 59 páginas- el ente persecutor solicitó penas que suman 25 años de presidio efectivo para el líder de la CAM, que está actualmente en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) del Biobío.

El Ministerio Público buscará acreditar en el juicio oral los delitos que le imputa a Llaitul: hurto simple, atentado contra la autoridad, usurpación e incitación y apología a la violencia de la Ley de Seguridad del Estado (LSE).

Es por este último ilícito que el gobierno figura como querellante en la investigación en contra de Llaitul, luego de que se decidiera ampliar dos acciones penales por LSE contra el comunero mapuche, por declaraciones llamando al sabotaje y defendiendo la quema de maquinaria.

A un día de conocerse la acusación de la fiscalía, este sábado la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo fue consultada por la resolución del ente persecutor.

Todos esperamos que las instituciones funciones, que sean eficaces y efectivas en el cumplimiento de sus mandatos constitucionales”, expresó al respecto la secretaria de Estado, en el marco de la Cuenta Pública de Participación Ciudadana del gobierno.

Aquí hay división de poderes del Estado y nosotros respetamos obviamente el proceso de la institución que le corresponde la justicia y el establecimiento de penas. Esto está en sede judicial y, por lo tanto, evidentemente está ahí la responsabilidad de el caso. Mientras las instituciones avancen oportunamente siempre es bueno para una democracia”, cerró su declaración la vocera de gobierno.

Acusación en contra de Llaitul

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido detalló que el Ministerio Público ofreció un total de 76 testigos, en su mayoría víctimas de distintos delitos reivindicados por la CAM, 22 peritos y 219 evidencias materiales como archivos de videos, audios, fotografías o transcripciones de escuchas telefónicas.

En octubre se había pedido ampliar el plazo de investigación inicial de un mes y el Juzgado de Garantía de Temuco accedió a que se extendiera por otros 40 días.

Llaitul estaba siendo indagado en el marco de una querella que interpuso el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en 2020, ampliada durante el actual gobierno, apelando a la Ley de Seguridad del Estado.

A partir de esa querella -presentada por el gobierno de Sebastián Piñera- por declaraciones formuladas por Llaitul durante 2020, se inició una investigación por una serie de ataques incendiarios y acciones violentas en la Región de La Araucanía, que se extendieron a otros sectores de la denominada Macrozona Sur, ejecutados por los denominados Órganos de Resistencia Territorial (ORT) de la CAM.

En las últimas semanas, además, el comunero mapuche y su entorno habían sido noticia por iniciar una huelga de hambre junto a ocho miembros de la CAM.

La acción inició el sábado pasado, cuando en la Cárcel de Valdivia cinco integrantes de la agrupación, entre ellos Pelentaro Llaitul -hijo del líder de la CAM-, comunicaron su decisión de iniciar la medida de presión

Entre los argumentos que dieron para justificar la medida, según informó el sitio Werkén Noticias, están el que, según ellos, el traslado al recinto penitenciario de Valdivia “vulnera nuestros derechos, desterrándonos y alejándonos de nuestras familias y comunidades, lo que agrava nuestra prisión preventiva”. En esa línea, apuntaron “políticamente” al gobierno.

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