Uno de los anhelos más grandes del Presidente Gabriel Boric es que, al terminar su gobierno, se establezca una coalición política sólida, con los partidos que actualmente integran su alianza. Él mismo ha transparentado ese objetivo ante los timoneles que lo acompañan.

Pero, a menos de 10 meses de que concluya su administración, el caso ProCultura, protagonizado por el psiquiatra y amigo del Mandatario, Alberto Larraín, provocó una fractura política que puso cuesta arriba llegar a ese objetivo, pues exhibió las profundas diferencias que hay entre partidos.

Todo comenzó cuando el Frente Amplio, el fin de semana pasado, acusó “espionaje político” en el caso, a través de un comunicado. Esto luego de que T13 publicara la conversación entre el Presidente Boric y la psiquiatra Josefina Huneeus, quien es la exmujer del fundador de ProCultura.

De inmediato, el Socialismo Democrático -la coalición que agrupa al Partido por la Democracia (PPD), al Partido Socialista (PS), al Partido Radical (PR) y al Partido Liberal (PL)- marcó la distancia con el Frente Amplio.

Carolina Tohá, la abanderada del bloque, de hecho, fue de las primeras en hacerlo. “Que estemos los actores políticos haciendo especulaciones o suposiciones no es ningún aporte a la respuesta que los ciudadanos quieren. Lo que tenemos que hacer es no interferir y apoyar para que la justicia de manera autónoma haga las investigaciones y, ojalá, den resultado rápido”, dijo ese mismo fin de semana.

En línea con ella, el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, sostuvo que “no creo que se pueda hablar de espionaje en este momento, cuando recién se está haciendo pública una investigación que era reservada. Por lo tanto, estamos con elementos que son bastante preliminares en dicha investigación”.

“Compórtense como un partido político que se supone el soporte del gobierno (…). Me parece de una responsabilidad política brutal estar sosteniendo que hay espionaje político”, complementó el diputado Jaime Araya, de la bancada PPD e independientes.

Incluso desde el gobierno, pese a que tienen una mirada crítica del trabajo de la Fiscalía, condenaron la declaración del Frente Amplio. En entrevista con Radio Infinita, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), afirmó que “señalar que aquí hay espionaje es algo bastante serio, bastante grave (...). El Presidente ha sido bastante claro (...): las instituciones funcionan, el gobierno está disponible para colaborar en todo lo que se requiera con esta investigación”.

Esa posición fue reforzada ayer por el Mandatario, en el consejo de gabinete que protagonizó. “Mi convicción es que en Chile no hay nadie por sobre la ley y que las instituciones deben funcionar y hacer bien su trabajo“, sostuvo, en referencia a ProCultura.

Pero, además, Gajardo reconoció que “para nosotros es algo serio que se cuestione al Ministerio Público o que se cuestione a los tribunales de justicia. Para nosotros, es algo que no corresponde”.

Pese a la postura que fijó el ministro de Justicia, el Partido Comunista (PC), encabezado por Lautaro Carmona, es la única colectividad del oficialismo que se alineó con el Frente Amplio. “El impacto de la actividad judicial en la política es casi un activismo”, planteó.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien es conocida por ser crítica del Frente Amplio en distintos ámbitos, sostuvo que “en todos los casos judiciales, independientemente de quiénes sean quienes aparecen mencionados, involucrados o en la calidad que corresponda, no podemos nosotros desde la política desvirtuar la institucionalidad”.

El jueves, en T13 Radio, enfatizó que “es un error lo que ha hecho el Frente Amplio de enredar esta situación (...) y tirar un poco la pelota para el córner”.

Vodanovic hizo referencia a los dichos de la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, para intentar justificar la acusación de “espionaje” que hizo la colectividad.

También en T13 Radio, con la intención de desligar a su partido del caso, la timonel sostuvo que “ProCultura no es un caso del Frente Amplio (...). La mayoría de los aumentos de montos fueron provocados por gobiernos regionales de la Región Metropolitana y el Biobío, ambos exmilitantes de la DC, la única militancia que se conoce a Larraín es la DC”.

Sus palabras enfurecieron a la DC en un momento crítico para el gobierno, puesto que necesitan de sus votos en contra de la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (Frente Amplio).

Más allá del ruido que levantó en el Socialismo Democrático, la arremetida del Frente Amplio contra el Ministerio Publicó repercutió al candidato presidencial del partido, el diputado Gonzalo Winter, a quien se le ha preguntado en numerosas ocasiones durante la última semana qué piensa de la acusación de “espionaje”. En Tolerancia Cero, intentó marcar distancia y planteó que “yo prefiero no usar esa expresión”.