Las gestiones de Justicia para enfrentar el flanco del gobierno en DD.HH.

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El ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

Desde un inicio, la cartera alertó a los ministerios del Interior y Defensa, a través de una minuta, que los uniformados debían ceñirse a los protocolos establecidos.




El viernes 18 de octubre, el día del estallido social, no hubo contacto con La Moneda. Sin embargo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren, monitorearon la situación y se comunicaron con algunos organismos, como el INDH. Eso sí, no fue hasta el lunes siguiente que comenzaron a adoptar medidas para enfrentar los flancos que abrió la decisión del Presidente Sebastián Piñera de decretar estado de emergencia.

Ese día, Larraín convocó a una reunión para ver de qué manera iba a colaborar su ministerio, lo que se tradujo en, entre otras cosas, revisión de protocolos de los uniformados; contacto con organismos internacionales; intercambio de información con organismos autónomos y estatales; y acciones para el uso de perdigones de goma por parte de Carabineros. Todas estas medidas fueron conversadas en coordinación con Interior, Defensa y Cancillería. Esto, en un escenario en que con el paso de los días comenzaron a multiplicarse las acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte de carabineros y militares -según el INDH, ya hay 365 querellas-, algo que gatilló duros cuestionamientos al gobierno por no condenar con fuerza esas denuncias.

Así, en Justicia recalcan que lo primero que hicieron fue hacer una revisión de cómo funcionaban los protocolos en estado de excepción. Luego, el martes 22 enviaron un recordatorio de cuatro páginas a Interior y Defensa señalando que los uniformados debían ajustarse a lo establecido sobre el uso de fuerza.

Un día antes, Justicia advirtió que era necesario tener un sistema de información para ir dando cuenta de los heridos, detenidos y fallecidos durante las movilizaciones, un tema que ha sido complejo para el gobierno. Esta idea, afirman en la cartera, se la propusieron directamente al Presidente Sebastián Piñera, con quien Larraín y Recabarren se reunieron ese miércoles. El Mandatario -dicen las mismas fuentes- les pidió una condición: que hubiera transparencia y que la información que se publicara fuera la definitiva. Así, la entrega de antecedentes sistematizados se materializó 11 días después del inicio de la crisis.

En medio de la preocupación instalada en el gobierno, además, Justicia alertó que el tema de los derechos humanos iba a despertar interés a nivel internacional. Por esta razón, se contactaron con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH. para transmitir la disposición del gobierno a que existiera transparencia sobre lo que estaba ocurriendo en el país. Y esta materia fue monitoreada por Recabarren, la subsecretaria de RR.EE., Carolina Valdivia, y el asesor de asuntos internacionales de Presidencia, Benjamín Salas. Los tres, según fuentes de gobierno, recomendaron que Piñera llamara a la alta comisionada del organismo, Michelle Bachelet, para que viniera su equipo a Chile.

De igual manera, el ministro Larraín ha estado en contacto con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y su par del Ministerio Público, Jorge Abbott, entre otros, para pedirles que las instituciones actúen correctamente y con celeridad.

Otro de los temas en que se involucraron Larraín y Recabarren fue en impulsar un ajuste en el protocolo de Carabineros para el uso de la escopeta con perdigones de goma, lo que, en todo caso, todavía se permite utilizar. Esto, a raíz de los más de 200 casos de personas que durante las movilizaciones han sufrido daño ocular, cifra que ha sido destacada como la más alta, incluso, a nivel internacional.

Consultado sobre si, a su juicio, han existido violaciones a los derechos humanos, Larraín dice a La Tercera que "los hechos conocidos parecen indicar que hay casos concretos en los que esa hipótesis parece confirmarse, pero son los tribunales los que tienen que decidir y quienes tienen la última palabra; en ningún caso el ministro de Justicia".

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