A solo un mes del golpe de Estado contra Salvador Allende, y a 861 kilómetros de Santiago, la noche del 10 de octubre de 1973 se produjo en la comuna de Panguipulli el asesinato de 15 obreros y campesinos, conocida como la “masacre de Liquiñe”.

Compuesto por insurgentes del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, el grupo se había convertido en foco de persecución desde la madrugada del 12 de septiembre de ese año, cuando conocido el derrocamiento del mandatario socialista se alzó contra la policía en la localidad de Neltume, Región de Los Ríos, exigiendo a los uniformados combatir a los golpistas.

Es ese caso por el que el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig, incluyó a Bernarda Vera Contardo como víctima de la dictadura.

La mujer, que figura como víctima de desaparición forzada, sin embargo, fue hallada recientemente viviendo en Argentina, lo que fue confirmado mediante un examen de ADN acreditado por el Servicio Médico Legal (SML). Los resultados, además, fueron informados a los familiares por el ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre.

Previamente, a fines de septiembre de 2025, un reportaje emitido por Chilevisión dio con el paradero de una mujer en el país trasandino, quien presuntamente correspondía a Vera, lo que ahora fue ratificado por la justicia.

Ante la confirmación, parlamentarios oficialistas solicitaron al Ejecutivo, así como al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que inicien las acciones pertinentes para recuperar los recursos que se pagaron a los familiares de Vera. Desde la UDI, por ejemplo, aseguraron que “si por años o décadas se entregaron dineros públicos de forma fraudulenta, lo que corresponde es que sean restituidos en su totalidad”.

¿Qué dice el informe sobre Vera?

En el informe se detallan los nombres, edades, ocupación y lugar de detención de los 15 obreros asesinados en la operación.

En el caso de la mujer, el documento señala que: “Es posible presumir que también fue detenida con este grupo Bernarda Rosalba Vera Contardo, 27 años, profesora de la escuela de Puerto Fuy (Complejo Maderero y Forestal Panguipulli), militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), detenida en Trafún”.

Se detalla que, de acuerdo a lo relatado por otros testigos, ella se encontraba oculta en algún lugar del Complejo Maderero, “ya que era intensamente buscada por las autoridades militares”.

Sus familiares habían sido informados, afirma el texto, de que había sido "condenada a muerte en rebeldía en el proceso que se habría instruido por el asalto al Retén Neltume, en el cual se le acusaba de haber participado”.

Y agrega: “Se ha podido acreditar que las detenciones fueron practicadas por personal uniformado, quienes portaban una lista con los nombres de los detenidos, confeccionada por civiles que también participaron en éstas. Los agentes aprehensores fueron guiados por el sector por algunos funcionarios de Carabineros de la dotación del Retén de Liquiñe”.

En el informe también destaca que la comisión “se formó convicción que las dieciséis personas mencionadas fueron ejecutadas al margen de todo proceso, por agentes del Estado que violaron su derecho a la vida y luego ocultaron sus cuerpos impidiendo a sus familiares darles una digna sepultura".

“Las investigaciones realizadas por esta comisión acreditan fehaciente que todas ellas desaparecieron después de su detención, perdiéndose todo rastro. Sumado a esto la constancia que ninguno de los detenidos ha tomado contacto con sus familias, realizó gestiones administrativas ante organismos del Estado, ni registra entradas o salidas del país, ni defunción, posteriores a sus detenciones”, se lee en el texto.